A dos años del asesinato del sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, el pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas denunció que la violencia y la inseguridad persisten en varias regiones de Chiapas, por lo que exigió justicia para el religioso y garantías de protección para las personas defensoras de derechos humanos y de los pueblos originarios.
Legado
La organización religiosa recordó al padre Marcelo como un defensor de la paz y la justicia, quien acompañó a las comunidades indígenas, atendió a personas enfermas y promovió la fe, incluso frente a los riesgos que enfrentaba por su labor pastoral.
Señaló que, pese al paso de dos años, el contexto de violencia en Chiapas no ha cambiado de manera completa.
Entre las problemáticas señaladas se encuentran las detonaciones de armas de fuego en comunidades, los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas, los secuestros y el cobro de piso en carreteras y caminos.
También alertó sobre la presunta incorporación de jóvenes al crimen organizado para realizar actividades de vigilancia, conocidas como halconeo, así como para la venta de drogas al menudeo.
La organización religiosa señaló que la violencia se agrava por las disputas entre grupos de poder, las divisiones políticas y el temor de la población a denunciar ante la falta de confianza en las autoridades y el sistema de justicia.
Esclarecimiento del crimen
Uno de los principales reclamos del pueblo creyente es que la Fiscalía General de la República continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y lograr la identificación de los autores intelectuales del crimen.
Asimismo, demandó justicia para otras víctimas de violencia en Chiapas, entre ellas las personas asesinadas en Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo; Simón Pedro Pérez López y las víctimas de la masacre de Acteal.
También exigió al Estado garantías de reparación del daño y medidas para evitar que estos hechos se repitan.
Además, manifestó su rechazo a las intimidaciones, persecuciones, encarcelamientos injustos y asesinatos contra sacerdotes, integrantes de la Iglesia y personas defensoras de los derechos humanos y del territorio.
