Un grupo de ciudadanos denunció de manera pública a una pareja de estafadores que opera en Tuxtla Gutiérrez con tandas de dinero y muebles.
Los afectados, encabezados por Deysi Díaz López, se manifestaron este martes a las afueras de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, ubicada en la colonia La Misión, para denunciar a Gabriela y su esposo Jorge, a quienes acusan de un fraude colectivo que asciende a más de dos millones de pesos (mdp).
La denuncia, que tomó fuerza después de viralizarse en redes sociales, revela una red de engaños que operaba sobre todo a través de tandas de ahorro y venta de muebles, afectando no solo a familias de Tuxtla Gutiérrez, sino también a víctimas en estados como San Luis Potosí, Guadalajara y Oaxaca.
En entrevista, Deysi Díaz López, vocera de los afectados, narró cómo operaba la señalada.
Modus operandi
Según el testimonio, Gabriela se ganaba la confianza de sus víctimas cumpliendo inicialmente con los pagos de las tandas durante años, para luego desaparecer con los montos más altos.
“Primero, pues como todo, se ganó la confianza. Trabaja bien, entrega las tandas, pero después de un tiempo. En mi caso yo ya llevaba más de tres años con ella y apenas el año pasado estafó a muchas personas”, relató Díaz López.
Uno de los casos es el de un matrimonio que perdió 85 mil pesos. La excusa para no entregar el dinero fue que la esposa no envió una fotografía de su INE a tiempo.
A partir de ese momento, las víctimas comenzaron a recibir amenazas.
Los denunciantes aseguran que, pese a la magnitud del fraude, nadie había actuado antes por miedo a represalias.
Tras hacer pública su queja en redes sociales, la pareja habría utilizado perfiles falsos para intimidarlos.
“A mí me llamó diciéndome que no sabía quién era, que él tenía contactos muy pesados en la fiscalía, que sabía dónde vivía y que me iba a ir a buscar. Me dijo: ‘Si quieres evitar problemas, mejor baja la publicación’”, señaló.
Además de las tandas de dinero, la pareja operaba con tandas de muebles a través de una cómplice identificada como “Andrea”, quien presuntamente trabajaba con Gabriela y dejó de responder a los clientes.
Los afectados hacen un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue el caso como fraude colectivo, y confían en que, bajo la política de “Cero Impunidad” promovida por el Gobierno del Estado, se pueda hacer justicia.
“Ella misma publicó en redes que para qué hacíamos alboroto, que al final no iba a proceder y que saldría impune. Pero ya quitó esa publicación”, agregó Díaz.
