Guadalupe Berenice Alegría Ramírez, hasta el 7 de octubre visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), denunció su expulsión injustificado y violencia institucional contra ella y más de 30 compañeros, atribuidos a la administración de Horacio Culebro Borrayas.
Informó que al menos seis personas; cuatro mujeres y dos hombres, fueron despedidas de la Visitaduría Adjunta Regional de San Cristóbal.
Hechos
Relató que el 14 de febrero de 2025 cursaba un embarazo de cuatro meses de alto riesgo y que el 16 del mismo mes, Rosa Pérez Pérez, su superior jerárquico, le notificó que por instrucciones del presidente debía presentarse el 17 de febrero en oficinas centrales.
Pese a su incapacidad de reposo absoluto, acudió por necesidad laboral y fue encerrada una hora, donde la obligaron a firmar su adscripción a Tapachula.
Tras advertir que haría públicas las violaciones, aseguró que el secretario particular del presidente le ofreció una disculpa y prometió que no se repetiría, aunque fue amenazada con quitarle sus oficinas; luego fue reincorporada.
Señaló que el hostigamiento y la carga laboral continuaron, que no se le quisieron recibir sus expedientes al incapacitarse por maternidad y que trabajó hasta un día antes de que su hija naciera, el 28 de junio de 2025.
Arbitrariedades
Denunció que el 29 de junio el jurídico solicitó al Seguro Social investigar seis incapacidades suyas y copias de su expediente clínico, vulnerando su salud y privacidad.
El 30 de septiembre acudió por mastitis grave y el 1 de octubre se le dio incapacidad de cinco días, notificada oficialmente sin acuse de recibido y finalmente el 7 de octubre fue destituida de su cargo sin argumentos.
En su pronunciamiento exigió el cese de la violencia institucional, investigación exhaustiva, determinación de responsabilidades, protección a víctimas, reparación del daño a los afectados, afirmando que no se busca confrontación, sino justicia, verdad y no repetición.
