Con una tasa de informalidad que rebasa el 80 por ciento en diversos sectores productivos, Chiapas enfrenta graves consecuencias económicas y sociales que afectan tanto a empresas como a trabajadores.
Así lo advirtieron especialistas del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.
El vicepresidente del Sector Empresa, Jorge Enrique Padilla Carvajal, subrayó que la informalidad se ha convertido en un obstáculo directo para la competitividad y la estabilidad de los negocios en la entidad.
“Muchos emprendedores piensan que estar fuera del sistema les ayuda a ahorrar costos, pero en realidad les cierra las puertas al financiamiento, les impide construir un historial empresarial y limita la sostenibilidad de sus proyectos”, afirmó.
Consecuencias
Padilla Carvajal añadió que la informalidad fomenta una competencia desleal frente a quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales. Esto, a su vez, reduce la recaudación estatal y afecta directamente la calidad de los servicios públicos, la infraestructura y los programas sociales.
Por su parte, Luis Fernando Aguilar Figueroa, vicepresidente del Colegio, puso el foco en el impacto humano de la informalidad. Explicó que miles de trabajadores en Chiapas laboran sin acceso a prestaciones, seguridad social ni mecanismos de protección para su futuro.
“Cuando una persona acepta trabajar en la informalidad, está hipotecando no solo su presente, sino también su retiro, su salud, su posibilidad de acceder a una vivienda y su estabilidad económica en la etapa adulta”, enfatizó.
Aguilar Figueroa detalló que la falta de cotización ante instituciones como el IMSS o el Infonavit impide a los trabajadores generar ahorro para el retiro, construir un historial crediticio y recibir atención médica oportuna, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
Informalidad, un desafío estructural
Ambos especialistas coincidieron en que la informalidad no es un problema meramente fiscal, sino un desafío estructural que lastima la competitividad del Estado, la calidad de vida de las familias y el desarrollo económico regional.
Como parte de las soluciones, los representantes del Colegio de Contadores hicieron un llamado a fortalecer la cultura de la formalidad, impulsar mesas de diálogo entre gobierno y empresarios y diseñar mecanismos sencillos que faciliten la incorporación de pequeños negocios al sector formal.
