La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca de manera gradual fomentar el uso de dinero electrónico para evitar el lavado de dinero e incentivar la formalidad; sin embargo, en contextos como los que prevalecen en Chiapas, con poca accesibilidad a internet, dispersión poblacional y alta informalidad, es necesario implementar otras medidas, de lo contrario no será viable.
Esto lo señaló el consultor fiscal y patrimonial, Néstor Gabriel López, sobre dicha legislación que recién fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su análisis y posible aprobación.
Comentó que en su percepción profesional es una ley muy escueta, de 22 artículos estructurados en cinco títulos, además de cinco artículos transitorios, que pareciera no ser una amenaza para nadie, pero en sí busca que todo dinero tenga trazabilidad.
Indicó que la informalidad prevalece demasiado alta a nivel local, tres de cada cuatro personas se mantienen en este rubro, comparado a los dos de cada cuatro que se registra a nivel nacional.
Acceso digital
Considerando esto, también hay que analizar el acceso de internet, que establece como un derecho humano, pero no gratuito; en el caso de Chiapas el acceso digital todavía es bajo, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Chiapas se mantiene entre los estados con menor presencia de internet. Apenas el 71.2 % de su población es usuaria de este servicio, porcentaje que la ubica solo por debajo de Oaxaca, que registra 78.6 %.
Entonces, “no comprendo esta ley de economía digital sin una internet estable, sin una señal que llegue a todo el país, sin una infraestructura tecnológica, sin mencionar los servicios bancarios de calidad, que no están presentes en todos los municipios”.
Opciones
Las opciones serían dos: que quede muerta u obsoleta o bien que los legisladores agreguen nuevos lineamientos, o que se convierta en una cacería de brujas para sancionar a quienes no lo apliquen, “porque la verdad es que sí pareciera una ley fiscalizadora, lejos de ofrecer un beneficio”.
“La realidad es que no hay robustez bancaria en internet, ni siquiera en el empleo, en el uso de las tecnologías por parte de los adultos mayores… la realidad es que muchas personas por la mañana se emplean y por la tarde se subemplean”.
También hay que considerar el tema de protección de los derechos digitales de las personas para combatir a su vez el fraude cibernético, con la clonación de tarjeta y el hackeo de cuentas, que ha llegado a superar los niveles de dinero que fluyen por el narcotráfico.
Contexto internacional
Indicó que se debe tomar en cuenta el contexto internacional por cual surge esta ley, y es que se está llevando a cabo la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que exige un compromiso más firme por parte de México.
“México está amenazado de que si no hace algo contundente para evitar el lavado de dinero, identificar los montos, vías y demás, será subvaluado, lo que sería malo para la economía nacional, sobre todo en inversiones extranjeras”.
