La diputada Rosalinda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, expuso que en este año uno de los avances más destacados fue las reformas al Código Penal en materia de cohabitación forzada.
En ella se tipifica y sanciona una práctica que durante años ha vulnerado la libertad, la educación y el libre desarrollo de la personalidad de menores de edad, sobre todo en comunidades indígenas
“El Congreso del Estado atendió una de las demandas ciudadanas más sentidas. Con ello, se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”, expresó.
La legisladora enfatizó que la reforma no va en contra de los usos y costumbres, sino contra prácticas que vulneran derechos fundamentales.
Tradiciones no pueden ser escudo
“Esta iniciativa es en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose porque vulneran derechos, libertades y la dignidad humana. Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia, ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”.
López Sánchez subrayó la gravedad de permitir que estas prácticas continúen: “No importa si existe un consentimiento familiar, no importa si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso. El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad, la neutralidad aquí es complicidad”.
Destacó que la trascendencia de esta ley ya se refleja en los hechos. El pasado 25 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó el primer caso por cohabitación forzada en Chiapas, ocurrido en el municipio de Larráinzar.
Un hombre fue detenido por presuntamente ofrecer a su hija de 12 años por 25 mil pesos para que fuera obligada a vivir con un adulto.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se solicitará la pena máxima de hasta 30 años de prisión.
Al respecto, la diputada López Sánchez destacó que la detención de Andrés “N” marca un antes y un después en la lucha por la igualdad y el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes (NNA).
