Durante la primera sesión extraordinaria en territorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó el proyecto en relación al amparo promovido por habitantes de la comunidad La Candelaria, quienes buscan el reconocimiento a su autogobierno. El mismo fue resuelto a favor por unanimidad de votos.
Antecedentes
En su exposición, la ministra Ortiz señaló que el asunto inició cuando en 2021 la comunidad del ejido La Candelaria, con poco más de mil 500 habitantes, resolvió en una asamblea constituirse como gobierno comunitario.
A partir de ese momento, se iniciaron los procesos ante el Congreso del Chiapas, pero ante falta de respuesta, se promovió un amparo. El Congreso, indicó la ministra, dijo que no había una legislación que lo facultara para realizar dicho reconocimiento.
Durante el proceso de amparo, el cabildo de San Cristóbal, durante la administración pasada, aprobó el reconocimiento de La Candelaria en abril de 2024. Por lo mismo, sobre la omisión municipal, el proyecto de la ministra propone sobreseer el juicio en relación a ese punto.
Proyecto final
El proyecto final de la ministra Loretta Ortiz señala que el congreso local deberá emitir la legislación necesaria para hacer operativo el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos. Para esto tendrán 180 días naturales una vez que entre la ley general emitida por el Congreso de la unión.
Para el caso del poder ejecutivo de Chiapas y el ayuntamiento de San Cristóbal, tendrán un plazo de 90 días para que adopten las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el ejercicio del autogobierno de la comunidad, esto, explicó Ortiz Ahlf, para evitar que la omisión legislativa continue produciendo efectos restrictivos.
Del mismo modo, se informó que un día antes recibió un “amicus curiae” de parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde se solicitó que el acto tribunal considere que el derecho a la libre autodeterminación sustenta el derecho a la identidad. Pese a que en el proyecto reconoce lo anterior, Ortiz aseguró que se reforzará el punto conforme a lo solicitado.
Momentos de tensión
Previo a la votación del proyecto, la ministra Lenia Batres propuso un cambio al proyecto original en referencia al plazo de 180 días para que el Congreso del estado legisle después de la ley general.
Batres proponía que se eliminara este lapso y se disminuyera a 90 días para que emitiera una ley regulatoria, una medida que, juzgó, era mucho más garantista para los gobiernos indígenas.
Sobre esta propuesta se hizo una votación en la que solo estuvieron a favor dos integrantes de la SCJN: la propia ministra Batres y el presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien consideró que el Congreso local podía dar pasos en favor sin esperar a la ley general. Los demás ministros votaron a favor del proyecto original.
Evento histórico
En su intervención, la ministra Lenia Batres consideró que el asunto tenía relevancia histórica, porque “los pueblos indígenas no han dejado de recordarnos que la democracia no se agota en las instituciones formales, sino que se construye desde abajo”.
Por su parte, el representante de La Candelaria agradeció incluso a quienes, durante el proceso, los criticaron y tacharon su movimiento de relajo, pues gracias a ellos también demostraron que la paciencia y unidad dan frutos de justicia. El siguiente paso es que la comunidad La Candelaria reciba el recurso proporcional para que ellos mismos lo administren.
