Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en Chiapas es técnicamente inviable si la nueva Ley de Aguas no reconoce ni fortalece a los sistemas comunitarios.
Así lo advirtió la Alianza Aguas Comunes, al revelar que cerca de 2 millones de personas en el estado, una de cada tres, dependen parcial o enteramente de los sistemas comunitarios de agua para acceder al recurso ante la falta de servicios públicos municipales en zonas rurales y periurbanas.
Con base en un análisis territorial realizado por RED+AGUA Chiapas, una coalición de 19 organizaciones que trabajan en agua y saneamiento en la entidad, a partir de microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, la organización expone la brecha entre las cifras oficiales y la realidad de los hogares chiapanecos.
Mientras los censos tradicionales (Inegi, 2020) reportaban una cobertura teórica del 89.4 %, la Enigh (2024) demuestra que solo el 47.3 % de los hogares en Chiapas cuenta realmente con una toma domiciliaria.
La situación se agrava al constatar que apenas el 41.2 % de las viviendas en el Estado recibe agua diariamente, una problemática que se agudiza en municipios rurales e indígenas donde la infraestructura pública es prácticamente inexistente.
Frente a esta realidad, son los propios vecinos, comités, patronatos, juntas y asambleas comunitarias quienes administran, operan, limpian y distribuyen el agua para sostener y resolver el acceso en comunidades donde las instituciones no han logrado garantizar el servicio.
