Tras años de incertidumbre y gestión, las colonias El Carmen, La Peña y La Libertad, ubicadas en los límites de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, tendrán el primer avance concreto hacia la regularización de sus predios, gracias a un trabajo coordinado del Congreso del Estado.
Luego de una firma de un convenio de cesión de terrenos entre ambos ayuntamientos se tendrá este importante avance, informó la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
En entrevista, la legisladora detalló que este acuerdo, impulsado por la Secretaría de Gobierno y Mediación y firmado el día martes, marca el inicio de una solución a una necesidad social histórica de estos asentamientos, los cuales han carecido de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra por mucho tiempo.
“Es un primer proceso de acuerdos. Una vez que ya estén definidos los predios, estos tienen que pasar a un tema de desincorporación por parte del Congreso del Estado”, explicó Gómez Mendoza.
Certeza jurídica
Subrayó que, si bien es un paso fundamental, no significa la entrega inmediata de escrituras a los habitantes. “Aún faltan muchos procesos, pero este primer paso ya se dio”.
La diputada recordó que, desde el inicio de la actual Sexagésima Novena Legislatura, se han mantenido vínculos con los pobladores de estas colonias, reconociendo no solo su abandono histórico, sino también el trabajo conjunto que se ha realizado con otros legisladores que llevan años abordando el tema y con el gobierno estatal.
“Sabemos de verdad la necesidad actual que tienen estas colonias, porque han sido colonias olvidadas, y también conocemos el gran trabajo que hay por parte del Ejecutivo del Estado para la regularización”, afirmó.
El proceso continuará ahora en el Poder Legislativo local, donde se deberá analizar y, en su caso, aprobar el decreto de desincorporación territorial que formalice el traspaso de los predios cedidos por Berriozábal a la capital chiapaneca.
Posteriormente, se iniciarán los procedimientos técnicos y administrativos internos para la regularización catastral y la eventual dotación de títulos de propiedad a los residentes, lo que les brindará seguridad jurídica y acceso pleno a servicios públicos.
