El escritor Izhar León, quien es uno de los firmantes e impulsores de una misiva inscrita en la página Change.org mediante la cual denunciaron situaciones negativas en torno a los premios literarios que organiza el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, indicó que ya sostuvo un encuentro con las autoridades de la citada institución para hablar sobre la corrección de dichas cláusulas.
A través de sus redes sociales informó que el 10 de julio acudió a una reunión con las autoridades, en busca de corregir algunos puntos sobre las convocatorias de los premios Rodolfo Figueroa y Jaime Sabines en su edición 2026.
Detalló que lo recibieron la directora general, Angélica Altuzar, y el ingeniero Robles Solís, quien fue presentado como el enlace federal. Adelantó que ellos se mostraron dispuestos a enmendar las cláusulas y aceptaron, de primera, remover la de censura. “Vamos de gane, pues ya con anterioridad han quitado este tipo de cláusulas. Dudo que deliberadamente quieran meterse en otro enredo. La siguiente reunión será el miércoles 15 de julio a las 11 de la mañana, con esperanza de que rectifiquen como firmamos en la carta y podamos dar por cerrado el asunto”, detalló León.
Con esto espera que nunca más vuelvan a querer precarizar el trabajo de los escritores. “Agradezco mucho el apoyo a los que han decidido firmar la petición y, en especial, a Pilar Jiménez Trejo, quien ha demostrado, para quienes aún no sabían, que Jaime Sabines es un poeta universal. Todavía están a tiempo de firmar”, añadió.
Polémica
El cambio de categoría “internacional” a “nacional” del Premio de Poesía Jaime Sabines, y el de “nacional” a “estatal” del Rodulfo Figueroa generaron una ola de reacciones negativas en la comunidad literaria, ya que no aceptaron esta modificación para un galardón que se ha ido consolidando su importancia en el mundo de las letras.
Tampoco aceptaron que, a manera de retribución social, los ganadores deban impartir un taller formativo de varias sesiones, ni que se tengan que exigir cartas bajo protesta de decir verdad, donde los autores declararan no tener denuncias públicas o sanciones de género, con lo que la institución se extralimita en sus funciones jurídicas al vulnerar derechos civiles básicos.
