Época gris para el periodismo
Sin lugar a dudas, el periodismo mexicano está pasando hoy por una de sus épocas más grises, inciertas y amenazantes.
No es por exagerar, pero los periodistas deberíamos estar más preocupados y ocupados en buscar formas para desincentivar a los legisladores federales quienes han estado procesando leyes que, a todas luces, dejarán en una grave vulnerabilidad a la libertad de expresión en el país entero.
De igual manera y desde sus feudos regionales, los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta y de Campeche, Layda Sansores, han promovido normas que han resultado ser un atentado a la libertad de expresión, y a nivel federal están las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo contenido es amenazante contra todos aquellos que ejerzan un periodismo crítico, tanto en los medios tradicionales, como en los alternativos.
El pasado 13 de junio de 2025 se aprobó en Puebla la bautizada “Ley de Ciber-asedio y/o Ley Censura”.
El artículo 480 de la ley poblana dice que: “Comete el delito de ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Y a la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
Por su parte, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años de edad, de haber proferido en su contra calumnias y discurso de odio. Como todas las autoridades de procuración de justicia y juzgadores están alineados a la mandataria morenista, el acusado fue vinculado a proceso.
La jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, determinó como medidas cautelares que Jorge no podrá ejercer el periodismo durante dos años y que el periódico Tribuna, donde él publica sus opiniones, debe bajar su plataforma web.
También han aparecido denuncias y resoluciones judiciales contra los periodistas Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, contra los medios de comunicación Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.mx, y contra las usuarias de redes sociales Karla Estrella y Laisha Wilkins. La mayoría fueron denunciados por violencia política en razón de género y todos fueron demandados por figuras vinculadas al partido oficialista.
Hace algunos días, varios comunicadores protestaron frente al Senado de la República, en la Ciudad de México y expresaron su repudio a la pretendida reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque contiene artículos que otorgan todo el poder a una Agencia de Transformación Digital encabezada por José Antonio Peña Merino que está bajo el mando directo de Presidencia de la República y que daría facultades a esas autoridades para bajar transmisiones, censurar y cerrar plataformas digitales, cancelar concesiones de medios electrónicos (radio y televisión).
Lo más siniestro, apuntaron, es que pretenden también crear un padrón de aparatos celulares para tener control y ubicación tiempo real de los ciudadanos. Si esto no es ley mordaza, ¿cómo se le puede llamar?, apuntó una de las manifestantes.
“Denunciamos los casos de censura y persecución en contra de Lourdes Mendoza, Laisha Wilkins, Salvador García Soto, sin dejar de mencionar a Carlos Loret de Mola y a la ciudadana Karla Estrella, demandada por su opinión en X”, dijo Mónica Livier.
El documento todavía estaba, hasta ayer domingo, en el proceso legislativo. El Senado aprobó, en la noche del sábado, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, según el oficialismo, tiene como eje el enfoque social en el uso del espectro radioeléctrico, garantizar el acceso a internet a quienes habitan en las zonas marginadas y fortalecer a los medios comunitarios indígenas y afromexicanos, para los que habrá nuevos mecanismos de financiamiento.
El dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue prácticamente reestructurado con los cambios de fondo que se le hicieron, con base en las propuestas de concesionarios y expertos de la radiodifusión. Se eliminó el artículo que permitía a la autoridad sacar del aire a plataformas digitales y eso tranquilizó un poco a los concesionarios de radio y televisión, quienes iban a ser los directamente afectados en ese caso. Ese dictamen pasó a la Cámara de Diputados para su revisión y, en su caso, contar con su aval.
Esa legislación reglamentaria crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como nueva autoridad reguladora del sector, en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que está en vías de extinción.
Al hablar a favor del dictamen, el senador Javier Corral resaltó que uno de los mayores avances es el acceso al espectro radioeléctrico a los medios comunitarios, los cuales podrán vender publicidad y recibir recursos de los presupuestos de comunicación social de las dependencias públicas.
De igual manera, rescata los derechos de las audiencias y cada concesionario deberá contar con una defensoría propia y eso permitirá desmentir desinformación o calumnias. Los senadores modificaron la participación del Estado en concesiones de uso comercial, para que no haya espacio de interpretación de que se viola el T-MEC.
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