Adán, en el filo de la navaja
Palacio Nacional disparó el pasado fin de semana, dos cortinas de humo para intentar distraer el escándalo político que Adán Augusto López Hernández regaló a Morena y a su adorada 4T.
Sus presuntos vínculos con bandas del crimen organizado, a través de quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, enlodaron a Morena y le dejaron encima una marca indeleble que está siendo aprovechada por Estados Unidos de Norteamérica para reforzar su hipótesis de que en México hay narco-gobiernos.
El primer intento distractor fue la liberación de Israel Vallarta, quien estuvo 20 años injustamente preso, sin una sentencia, como consecuencia del mediático caso de la francesa Florence Cassez, ocurrido en 2005 en el gobierno del panista Felipe Calderón y cuyo secretario de Seguridad era Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico de su país y quien fue la principal piñata de Andrés Manuel López Obrador para atacar a su archi adversario Calderón.
La otra cortina de humo fue la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de sacar a Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), designado ahí por López Obrador en el sexenio pasado, y nombrarlo coordinador de la comisión presidencial que diseñará una reforma constitucional en materia electoral y los trabajos legislativos hacia un nuevo sistema de partidos políticos.
Dicha comisión tendrá que diagnosticar primero el estado en que se encuentra el actual modelo electoral y de partidos, y después diseñar un nuevo sistema “que ponga al frente la democracia y el pueblo”, dice textualmente el comunicado de una hoja, publicado el reciente sábado.
Los integrantes de dicha comisión serán presentados en los próximos días y su misión será coordinarse con los legisladores, académicos, expertos y ciudadanía para llegar a un análisis de la mejor representación popular y mecanismos de participación social.
La materia política y la electoral son terrenos muy conocidos por Pablo Gómez; es experto en esta materia, ha sido consejero del INE y artífice de otras reformas similares para allanar el camino hacia la democracia en México, señala el documento.
El actual jefe de la UIF -oficialmente no se ha comunicado aún que deje ese puesto- es un hombre de trayectoria democrática arraigada en las luchas universitarias, en las revueltas del 68 fue detenido en Tlatelolco y pasó en la cárcel hasta 1971. Solo después acabó su licenciatura de Economía en la UNAM. Aquellos principios ideológicos le unen a la presidenta, que hasta la fecha le ha mantenido en el puesto para el que le nombró López Obrador, a mediados del sexenio anterior.
Recordemos, que también el anterior presidente proyectó una reforma constitucional en materia electoral que no contó con el visto bueno de la oposición y, en ese entonces, no le alcanzaron los votos de Morena y sus aliados para llevarla a cabo.
El presidente trató de aprobarla con mayoría simple, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esa opción. Aquella reforma tenía dos puntos principales, la eliminación de los candidatos plurinominales, quienes no necesitan presentarse a las urnas, y una reducción de la financiación de los partidos, dos asuntos sensibles para los que no hay consenso, tan siquiera entre las formaciones aliadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde.
Y todo indica que esos conceptos siguen vigentes en la mente de la actual presidenta de México y lo cual ha avizorado ya, por anticipado, intensos debates en las cámaras legislativas.
En previsión de una batalla legislativa que pudiera perder, Sheinbaum inicia los cambios desde abajo, con la creación de esta comisión presidencial y una consulta abierta a expertos y ciudadanía.
Los partidos aliados, imprescindibles para alcanzar el techo de votos, esperan que esta reforma salga por consenso, no por la imposición del grupo mayoritario en las cámaras. Lo mismo solicita la oposición, descontenta igualmente con la eliminación de plurinominales y la rebaja en la financiación. La reducción del presupuesto del INE es otra de las amenazas que perciben los partidos tras el nuevo diseño del sistema electoral, observó puntualmente el periódico El País.
Los dos temas son ampliamente mediáticos, pero no han logrado llamar suficientemente la atención para distraer el embrollo político de Adán Augusto López Hernández.
Por cierto, ha iniciado otra ola de rumores con respecto a que este mes sería crucial para el destino de Adán Augusto López Hernández en la coordinación de Morena en el Senado. Cuentan que entre el 26 y 29 de agosto, 67 senadores de Morena decidirán si mantienen al ex gobernador de Tabasco como coordinador de la bancada y, por tanto, como presidente de la Junta de Coordinación Política o van a optar por un nuevo liderazgo.
Los morenistas van a realizar su reunión plenaria previo al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura federal, que iniciará el 01 de septiembre próximo. De acuerdo con las normas internas de Morena, una mayoría simple de 34 votos confirmaría a López Hernández en ese liderazgo parlamentario.
Sin embargo, connotados analistas han afirmado que eso será muy difícil porque Adán Augusto ha quedado muy debilitado, desgastado y con una moral política por los suelos, como para que se mantenga en ese importante cargo que requiere una dinámica permanente de interlocución con las otras fuerzas políticas de México e incluso en temas internacionales.
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