Escándalos municipales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa cada año el uso de los recursos públicos, pero los resultados llegan dos años después, lo que significa que muchas de las irregularidades se conocen cuando los responsables ya dejaron el cargo o incluso, cuando ya compiten o ocupan otro. En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó 65 mil 169 millones de pesos con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, de los cuales 85 % corresponden a gobiernos estatales y municipales; es decir, más de 54 mil millones de pesos están relacionados con recursos transferidos a estados y ayuntamientos.
Chiapas es una de las entidades en donde los montos observados por posibles irregularidades en el 2024 ascendieron a 678.5 millones de pesos. Falta de comprobación de gastos, obras públicas inconclusas, pagos sin contratos ni expedientes, facturas inexistentes o documentación incompleta, se presentan en los resultados en al menos 35 ayuntamientos.
Lo anterior sale a colación por los escándalos de presuntos actos de corrupción que se han denunciado en los últimos días en diversos municipios, como Suchiate gobernado por Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; en San Cristóbal de Las Casas, en donde la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel regaló dos vehículos de lujo a sus hijos mayores; en Cacahoatán, con Víctor Pérez Saldaña, que paga grandes cantidades a su familia como renta de terrenos para un basurero; en Huixtla, en donde Régulo Palomeque Sánchez tiene incrustada a toda su familia y muchos otros más.
Se trata de una situación recurrente, escándalos que se quedan en denuncias en las redes sociales y en pocas ocasiones llegan a procesarse a los responsables; es más, algunos alcaldes ya andan destapados buscando la reelección, considerando que los recursos públicos que manejan son patrimonio de ellos y no del pueblo.
El caso de Suchiate es el que más ha llamado la atención de los últimos días, al haber sido retomado por un medio nacional, tanto que el alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo tuvo que destituir a la presidenta del DIF Municipal, Liliana Rodas Villatoro, aunque el caso hasta ahora solo ha sido mediático, porque la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado no han dicho absolutamente nada, si existe una investigación abierta o no.
El exadministrador del DIF, Onam Abimael Pérez Pacheco, asegura haber entregado 79 pruebas, entre transferencias bancarias, estados de cuenta y conversaciones que evidenciarían el movimiento de recursos públicos hacia cuentas personales de funcionarios municipales, lo que merece que el titular de la ASF, José Antonio Aguilar Meza, ordene auditorías inmediatas y no deje pasar el tiempo y que el caso se diluya con la llegada de las nuevas elecciones para el 2027.
Los delitos que ahí se describen van desde peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilegal de servicio público y amenazas, entre otros. Ante el escándalo, el edil asegura que las auditorías a su administración se han realizado y las observaciones cumplido; pero el partido que lo llevó al cargo, Redes Sociales Progresistas, se deslindó de él, tanto que ya lo desconoció ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
En la actual administración de “cero corrupción” en Chiapas, varios han sido los alcaldes desaforados y detenidos; están los casos de José Antonio Villatoro Herrera, en Frontera Comalapa, acusado de abuso de autoridad, actos de corrupción, desaparición forzada, homicidio, extorsión agravada y presuntos vínculos con el crimen organizado; Rosemberg López Robledo, de Bella Vista, acusado de abuso de autoridad y otros delitos; y el de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, sindicado por abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, malversación de recursos públicos y presuntos vínculos con grupos criminales. Con ellos han sido también aprehendidos otros funcionarios públicos.
Suchiate, San Cristóbal de Las Casas, Cacahoatán y Huixtla no son los únicos casos en Chiapas en donde los gobiernos municipales enfrentan acusaciones de desvío de recursos públicos, nepotismo o redes familiares incrustadas en la administración municipal, lo que refleja un problema estructural, que debe ser atendido por la ASE y el Congreso del Estado, precisamente para combatir la corrupción y que haya cero impunidad.
Posdata
El Ayuntamiento de Tapachula, que preside Yamil Melgar Bravo, se sumó a la 2ª. Jornada Estatal de Limpieza “Marea Preventiva”, para mantener limpias las playas ante la próxima temporada vacacional por la Semana Santa, siendo Playa Linda, Puerto Madero, Las Escolleras y San Benito, unas de las más visitadas por el turismo regional y extranjero; a las acciones se sumaron prestadores de servicios, palaperos y empresas ubicadas en esa zona, lo que demuestra el interés por la preservación de espacios adecuados y sin riesgo para los visitantes.
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