La Comar bajo la lupa
Mientras Tapachula carga con una de las mayores concentraciones de personas que buscan protección internacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reduce su capacidad de atención solamente tres días a la semana, -lunes, jueves y viernes-, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, lo que propicia que miles de extranjeros permanezcan varados y tarden meses acudiendo cada semana a firmar una lista de asistencia, sin recibir una resolución.
En el Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula se reciben el 65 por ciento de las solicitudes de asilo de todo el país y sus trámites son presenciales, gratuitos y confidenciales, pero ¿cómo pretende el gobierno federal despresurizar la frontera sur si la institución solamente atiende lunes y jueves a hispanohablantes y los viernes a haitianos y africanos? La dependencia obliga a los extranjeros a permanecer en la ciudad, mientras se define su situación de estancia, pero ello tarda meses o hasta años.
Esa problemática ya ha rebasado los límites y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el próximo 22 de septiembre tendrá que resolver un asunto en materia de protección internacional de la solicitud de ejercicio, en el expediente de facultad de atracción 890/2026, relacionada con el amparo en revisión 362/2026 en la que la Comar es responsabilizada de aplicar un prerregistro, mecanismo que condiciona el acceso al procedimiento mediante la obtención de una cita o folio electrónico.
El planteamiento fue llevado a tribunales por la organización Sin Fronteras IAP, que sostiene que el prerregistro no está establecido como requisito en la ley o en el reglamento y que, en la práctica, puede impedir o retrasar el acceso al procedimiento para quienes buscan protección internacional, porque la propia Comar señala que toda persona extranjera que se encuentre en territorio mexicano tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y establece que la solicitud puede presentarse ante la propia Comisión o ante el Instituto Nacional de Migración.
En una frontera como Chiapas, donde Tapachula se ha convertido durante años en uno de los principales puntos de internamiento de personas extranjeras a territorio mexicano que solicitan asilo, el asunto adquiere mayor relevancia, porque la SCJN tendrá que determinar hasta dónde puede llegar la administración pública cuando organiza el acceso a un derecho fundamental.
La Comar tiene la responsabilidad de ordenar, registrar, analizar y resolver miles de solicitudes. Su propia información oficial establece que el procedimiento contempla entrevistas, análisis de las condiciones del país de origen y una resolución fundada y motivada; aunque una cosa es ordenar administrativamente un procedimiento y otra muy distinta es que la puerta de entrada pueda terminar cerrándose para quien no logra cruzar el primer obstáculo.
Y hay otro elemento que no debe perderse de vista: la condición de solicitante de refugio no es un asunto aislado de la vida cotidiana, porque el propio esquema institucional contempla la vinculación con servicios de salud, educación, capacitación para el trabajo y otros mecanismos de asistencia e integración, por lo cual, la discusión en el máximo tribunal del país es si la burocracia puede imponerse sobre los derechos.
La presión ante la permanencia de miles de personas en espera de una resolución en la Comar o el Instituto Nacional de Migración no solamente recae sobre la población en movilidad, sino también en los servicios básicos de asistencia social, vivienda, transporte y seguridad, y Tapachula termina funcionando como sala de espera de una política migratoria nacional, con miles de personas atrapadas en una ciudad mientras esperan que llegue su turno, porque las dependencias carecen de personal, capacidad de atención y de resolver sus solicitudes de refugio.
Posdata
Es de llamar la atención la presencia que ha tenido en los últimos meses el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en Tapachula, en donde existe una total coordinación con el alcalde Yamil Melgar Bravo para atender a los diversos sectores empresariales, productivos y sociales, con la finalidad de fortalecer todos los mecanismos para incrementar la seguridad, lo cual está dando resultados, al reducir la incidencia delictiva hasta en un 21 por ciento.
vrrafael@hotmail.com
