Cuando pensamos en infraestructura crítica solemos imaginar redes eléctricas, telecomunicaciones, sistemas de agua, hospitales o servicios de emergencia. ¿Por qué no pensar también en las elecciones?
Una elección depende de una extensa cadena de personas, instalaciones, sistemas, comunicaciones y procesos que debe funcionar incluso cuando las condiciones ordinarias se interrumpen.
Un huracán, una inundación, un sismo, una ola de calor o una falla prolongada de energía no sólo representan desafíos logísticos: pueden convertirse en obstáculos para el ejercicio de derechos.
De ahí que una propuesta planteada durante la Cumbre 2026 Resiliencia, Cooperación e Integridad: Elecciones en el siglo XXI merezca particular atención: concebir las elecciones como infraestructura crítica.
La propuesta, desarrollada por IDEA Internacional, supone reconocer que la continuidad de los procesos electorales requiere protección, planeación y capacidades de respaldo frente a emergencias. No se trata únicamente de proteger la jornada electoral. La función electoral comienza mucho antes y concluye después.
En México implica mantener actividades esenciales como la actualización del padrón, la credencialización, la capacitación, la distribución de documentación y materiales, los sistemas informáticos y de comunicaciones, la instalación de casillas, la recepción del voto, los cómputos y la difusión de resultados.
La pandemia de Covid-19, el huracán Otis y las temperaturas extremas registradas durante las elecciones de 2024 confirman que varias de estas funciones pueden verse afectadas simultáneamente. La resiliencia no puede depender únicamente de reaccionar bien: exige identificar vulnerabilidades, planificar y contar previamente con alternativas cuando alguno de los componentes falla.
Aquí la tecnología adquiere una dimensión estratégica. México cuenta con una Estrategia Institucional de Voto Electrónico 2026-2036. No propone sustituir indiscriminadamente la boleta impresa ni transitar uniformemente hacia una sola modalidad.
Su diseño es gradual: reconoce distintos niveles de desarrollo, sustento normativo y experiencia, y plantea la coexistencia del voto electrónico con la boleta impresa, considerando la brecha digital y las condiciones de cada contexto.
Esa gradualidad es fundamental. La urna electrónica, los dispositivos para la votación presencial en sedes consulares, el voto por internet de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero y el voto anticipado por internet en territorio nacional no tienen el mismo grado de madurez ni idéntico respaldo jurídico. Innovar responsablemente significa evaluar cada modalidad con evidencia y preservar alternativas.
Además, la resiliencia debe ser incluyente. La tecnología puede remover barreras para personas que históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ejercer sus derechos.
El voto anticipado por internet, por ejemplo, se plantea de manera experimental para personas con discapacidad imposibilitadas para acudir a una casilla y sus personas cuidadoras primarias.
Esta perspectiva debe acompañarse del fortalecimiento de la paridad, las acciones afirmativas y la accesibilidad para que ninguna innovación genere nuevas exclusiones.
La inteligencia artificial también puede contribuir a anticipar riesgos, optimizar rutas de distribución, apoyar la ubicación de casillas y mejorar la asignación territorial de recursos.
Pero digitalizar no equivale automáticamente a ser resilientes. La innovación requiere supervisión humana, ciberseguridad, protección de datos personales, auditabilidad, trazabilidad, accesibilidad, certeza y confianza ciudadana.
Una infraestructura electoral tecnológicamente resiliente necesita, además, redundancia: sistemas de respaldo, alternativas operativas y mecanismos que permitan continuar las funciones esenciales cuando una tecnología, las comunicaciones o el suministro eléctrico dejan de operar.
Concebir las elecciones como infraestructura crítica obliga a mirar el proceso electoral como un sistema interdependiente y garantizar su continuidad a través de la planeación, el presupuesto y la coordinación con autoridades de protección civil, meteorología, energía y telecomunicaciones.
Proteger la infraestructura electoral es proteger derechos. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades y contribuir a una democracia más igualitaria e incluyente, pero debe permanecer al servicio de las personas.
El desafío no es sólo organizar elecciones cuando todo funciona, sino construir instituciones capaces de garantizar que, cuando algo falle, nadie quede atrás y la democracia siga funcionando.
