En los últimos días se ha hablado cada vez más de nuevos proyectos relacionados con el gas fósil en México, tanto por la posibilidad de ampliar su extracción mediante fracking como por la construcción de infraestructura para exportarlo hacia otros mercados.
Buena parte de la discusión se ha concentrado en las decisiones políticas alrededor de estos proyectos, pero el asunto más importante está en las implicaciones reales para los territorios donde se instalan.
Proyectos como Amigo GNL, en Guaymas o Saguaro Energía, en Puerto Libertad, forman parte de un modelo bastante particular porque el gas se extrae principalmente en Estados Unidos, cruza hacia México mediante gasoductos, aquí se enfría hasta convertirlo en gas licuado y después se embarca hacia mercados internacionales, sobre todo hacia Asia.
En principio podría parecer un buen negocio para México porque no tendríamos que asumir directamente los impactos de la extracción, pero el problema es que buena parte de la infraestructura, el consumo de energía y los riesgos socioambientales sí se quedan de este lado de la frontera.
Las terminales, los gasoductos y el tránsito de grandes buques modifican zonas costeras que ya tienen sus propias dinámicas ambientales y económicas, y pueden generar ruido submarino, emisiones y distintos riesgos para los ecosistemas marinos.
En el caso de Amigo GNL, por ejemplo, la propia autorización ambiental estableció restricciones al número de embarcaciones, medidas de monitoreo y protección para ballenas, delfines, tortugas, tiburones y rayas, lo que muestra que no estamos hablando de impactos hipotéticos sino de riesgos que han tenido que ser considerados dentro del propio proceso de autorización.
Pero esto no se trata únicamente de la conservación ambiental, pues estos proyectos se desarrollan en territorios donde viven personas que dependen directamente de la pesca, el turismo y otras actividades vinculadas con el ecosistema marino.
En Guaymas y otras zonas del Golfo de California ha existido oposición de comunidades que consideran que estas instalaciones afectan sus medios de vida, y en el caso de Amigo GNL esa inconformidad incluso llegó a los tribunales internacionales mediante un juicio de amparo que ha conseguido suspensiones para impedir el inicio de obras mientras se resuelve el fondo del caso.
Una terminal de este tipo no ocupa únicamente el espacio físico donde se construye, ya que también aumenta el tránsito marítimo, establece restricciones de tránsito civil alrededor de su infraestructura y transforma zonas costeras que ya son utilizadas para otras actividades, por lo que esto afecta los ingresos y formas de vida de familias enteras que pueden verse afectadas por cambios en el acceso al territorio o en las condiciones del ecosistema.
Si bien el gobierno ha comentado que este tipo de infraestructura podría ser útil para almacenar gas y fortalecer la seguridad energética de México, aquí vale la pena comentar que una terminal privada diseñada principalmente para exportar no funciona automáticamente como una reserva estratégica nacional, porque su operación, sus contratos y el destino del gas responden primero a una lógica comercial ajena que a nuestras necesidades.
Eso no significa que México no pueda obtener empleos, inversión o ingresos de estos proyectos, pero sí obliga a distinguir entre una infraestructura que sirve a intereses específicos y una que realmente está pensada para garantizar nuestras necesidades energéticas.
Al final, terminamos importando gas estadounidense, aportando territorio, infraestructura portuaria, agua y energía para procesarlo, además de asumir una parte importante de los riesgos socioambientales antes de enviarlo hacia otros países.
Podemos discutir los beneficios económicos que esto puede generar, pero también tendríamos que preguntarnos cuánto queda realmente en los territorios y cuánto estamos dispuestos a transformarnos para sostener un negocio que, en buena medida, utiliza a nuestro país como plataforma de procesamiento y exportación para el beneficio de quienes ni siquiera viven acá.
