Desde hace mucho se sabía que la mayoría de los municipios indígenas de los Altos de Chiapas, y tal vez otros, se habían convertido en el escondite de cientos de vehículos robados en distintas partes de Chiapas y en otros estados, sin que las autoridades en turno hicieran algo por recuperarlos.
Era un secreto a voces, pero todo mundo se hacía de la vista gorda y cuando el propietario de alguna unidad robada se enteraba que se encontraba en alguno de esos municipios se arriesgaba a veces para tratar de recuperarla, incluso pagando una fuerte cantidad de dinero.
Pero es que no había otra forma de recuperar un carro robado, ya que los habitantes de las comunidades y municipales estaban de acuerdo en que esas unidades, vendidas a muy bajos precios, circularan en esos lugares, incluso si no tenían placas.
Cada vez que una autoridad intentaba hacer algún operativo, los policías eran retenidos y terminaban regresando con la manos vacías y a veces agredidos o vejados.
Bajo el pretexto de los usos y costumbres -abuso y costumbres- los pobladores impedían el ingreso de las autoridades o la aplicación de la ley, por lo que cientos de vehículos permanecían -o permanecen- en comunidades indígenas, sin que muchas veces los puedan sacar de sus municipios a alguna ciudad como San Cristóbal de Las Casas.
Sin embargo, en las semanas recientes han comenzado a aparecer carros abandonados en carreteras de municipios indígenas, tal vez porque sus propietarios quieren evitar que llegue la policía por ellos.
Es posible incluso que las mismas autoridades municipales los estén exhortando a que antes de que lleguen los operativos los dejen abandonados y se eviten problemas, porque de todos modos, si no tienen documentos les serán asegurados y ellos detenidos.
Podría decirse que con el solo hecho de que se hayan difundido profusamente las acciones y operativos que han realizado los cuerpos de seguridad federales y estatales, sobre todo la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), se ha logrado imponer cierto temor y orden, lo que en sexenios anteriores no se había conseguido.
Desde luego que todavía deben de haber muchos vehículos con reporte de robo en diferentes comunidades indígenas, pues quienes los tienen podrían pensar que las autoridades no llegarán hasta ellos.
Por ello es necesario que las fuerzas de seguridad entren a todos los rincones en los que se presuma que se esconden vehículos con reporte de robo y los recuperen, más que nada para dejar el mensaje de que no se permitirá que las comunidades sean el escondite de ese tipo de unidades.
Aunque poco a poco algunos van retomando la confianza, en San Cristóbal sigue llamando la atención que en las calles se ven pocas motocicletas circulando y también ha disminuido el número de carros en la vía pública.
A la par, ha bajado el temor de encontrarse con los pobladores que se transportan en motocicletas -llamados popularmente motonetos- para cometer algún delito. No se sabe cuánto tiempo dure este ambiente, pero por lo pronto se siente un poco más de tranquilidad.
Lo anterior no significa que todas las personas que tienen una motocicleta se dediquen a cometer algún ilícito. Lo que sucede a veces es que por cuestión de dinero o por simple desidia, no han emplacado sus unidades y no han tramitado su licencia de conducir.
Por lo mismo, desde hace varios días no disminuyen las largas filas en la Unidad Administrativa de San Cristóbal de personas que están tramitando la licencia de conducir o las placas para sus vehículos.
Pareciera que a las autoridades de Hacienda -de Finanzas son ahora- les ha faltado visión para contratar más personal, aunque sea de forma temporal, mientras pasan estos primeros meses del año en que miles de contribuyentes acuden a sus oficinas, más ahora que será el remplacamiento y que los operativos han obligado a muchos a ponerse al corriente.
Muchas personas han contado que desde la noche anterior han llegado a hacer fila para lograr un lugar, pues la demanda es tanta que muchos no alcanzan a pasar para realizar el trámite. Y eso no solo ocurre en las oficinas ubicadas en San Cristóbal, sino en otros lugares.
Por lo mismo, resultó pertinente la información difundida ayer por las autoridades estatales en el sentido de que los pagos en cuestión vehicular, por ejemplo, se pueden realizar en línea, sin necesidad de acudir a alguna oficina. Ese es un alivio y ayudará a que disminuyan las tediosas y odiosas filas.
Ayer, por cierto, surgieron versiones aparentemente mal intencionadas porque no es creíble que las autoridades lo hayan hecho, de que en tres años habría que cambiar placas nuevamente, cuando nunca eso ha sucedido en sexenio alguno.
Por eso, fue acertada la decisión de las autoridades de comunicación social estatal de atajar de inmediato ese rumor que comenzaba a generar molestia entre la ciudadanía. Ahora habría que indagar quién está haciendo ese tipo de acciones para confundir y de algún modo desestabilizar. No se vale.
Tampoco se vale, ya en otro tema, lo que está haciendo el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, al tratar de obstaculizar las votaciones para que los empleados decidan cuál de los dos sindicatos los representa en el contrato colectivo. En el fondo no es eso necesariamente lo que está tratando de evitar, sino más bien, presionar a los trabajadores para que dejen sus plazas y las puedan ocupar personas con las que existen compromisos desde antes de la campaña. Hoy le toca el turno de votar a los empleados del plantel ubicado en Tuxtla Gutiérrez. A ver de qué forma los presionan como han hecho en otras unidades, según han denunciado los dos sindicatos. Fin
