El caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en una piedra en el zapato del actual gobierno y probablemente por meses seguirá siendo un tema presente en la agenda nacional. No es para menos, se trata de un asunto muy delicado.
La información proporcionada ayer por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no ofrece demasiadas luces sobre el caso, más allá de datos generales.
Como es lógico, se refirió a las “omisiones” de la Fiscalía de Jalisco, que en principio conoció del caso, que ha conmocionado a una buena parte de la opinión pública nacional y ha expendido el clamor de buscar a las personas desaparecidas que se cuentan por miles.
Algo que aclaró que ya se presumía es que los cráneos y pertenencias encontrados en el rancho, presuntamente corresponden a sicarios de grupos criminales que operan en la zona. Es decir, supuestamente se trata de un problema entre narcos, posiblemente, que de todas maneras son personas y duele que sean asesinadas.
Algunos han tratado de equiparar este caso con Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, pero por lo que se desprende de inicio de las investigaciones es que presuntamente se trató de hechos en los que estuvieron involucrados miembros de grupos del crimen organizado.
Es decir, en este caso el Estado tiene responsabilidad por no brindar la seguridad para evitar que sucedan este tipo de atrocidades, por omisión, por corrupción, mientras que en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, se presume que hubo participación directa de autoridades, posiblemente de los tres niveles.
Claro que ello no le resta gravedad a lo sucedido en Jalisco, caso que, además, pues no sólo es un indicio de confirmación de repetición en otros estados, sino una realidad.
El hallazgo en el rancho mencionado ha servido para presionar al gobierno federal, con el fin de que emprenda acciones más eficaces para localizar a todas las personas desaparecidas, lo que constituye una tragedia nacional.
Que el tema se está usando con fines políticos por parte de la oposición, sí; que el gobierno tiene responsabilidad, también es verdad y tiene que asumir su culpa.
El asunto de fondo es que el narco está metido casi en todos lados y muchos de los asesinatos tienen que ver con ese tema y como se sabe no puede traer más que disputas, venganzas y muerte.
Desgraciadamente, una buena parte de la sociedad es consumidora -acabó el mito de que sólo en Estados Unidos hay muchos consumidores- y otra porción la vende y trafica con ella.
Es un problema muy serio al que difícilmente se le encontrará una solución que termine con tantas muertes y desapariciones. Se ha planteado como posible solución la legalización de las drogas o cuando menos en cierta medida, pero mientras no se apruebe, no se sabrán sus resultados.
El asunto es que el tema del rancho Izaguirre se ha convertido en uno más de los problemas graves para la presidenta, que ha ordenado dar un mayor impulso a la búsqueda de personas desaparecidas. Ojalá que haya resultados.
Mientras el de los aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha quedado momentáneamente en stand by, la presidenta está enfrentando otro problema, el relacionado con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que han apretado sus movilizaciones y acciones de protesta para que les cumpla sus demandas.
Al parecer, los docentes no quieren que les pase lo que en el sexenio anterior que se la pasaron en mesas de trabajo, pero sólo les resolvieron algunas peticiones, pero no las de fondo, como era la abrogación de la reforma educativa, cuyas aristas más filosas siguen ahí.
Ahora es la iniciativa de reforma a la ley del Instituto de Servicios y Seguridad de los Trabajadores del Estado (Issste), que como resultado de una mesa de diálogo con la presidenta el lunes, fue retirada, pero es obvio que no basta.
Lo que los profesores exigen es que, además, se aprueba una nueva reforma en la que se establezca la jubilación a los 28 y 30 años de servicio para mujeres y hombres, respectivamente, además de que a los jubilados se les pague en salarios mínimos, entre otras demandas.
Por eso, a pesar de que la jefa del ejecutivo retiró el lunes la iniciativa de reforma al Issste, los maestros siguen con su plan de acción, que por lo pronto afectará a miles de alumnos en Chiapas, ya que ayer comenzó un paro de tres días, con lo que será una semana de pérdida de clases, pues ya antes suspendieron labores 48 horas.
Los padres de familia en general ya no quieren que se repita lo que pasó durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto cuando impuso la reforma educativa, que los estudiantes, en el caso de Chiapas, perdieron cuatro meses de clases, lo que representó un gran atraso.
Por eso es deseable que lo más pronto posible lleguen a un acuerdo firme con la presidenta de la República para evitar que se suspendan las labores y se afecte a los alumnos.
Además de la pérdida de clases, muchos padres de familia se enfrentan al problema de que no tienen con quién dejar a sus hijos cuando no van a la escuela. Parece un asunto menor, pero no lo es.
Hablando de la Sección 7, las movilizaciones y protestas podrían dar lugar a reacomodos internos o cuando menos a la integración coyuntural de algunos grupos que se han mantenido al margen de las acciones organizadas por la dirigencia estatal.
Este tipo de movilizaciones sirven también para que los grupos internos se vayan posicionando con miras al relevo sindical que habrá de tener lugar en dos años, pero ya tienen que ir trabajando para fortalecerse. Fin.
