La polémica
La discusión y aprobación de las nuevas leyes que otorgan más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el tema de investigación e inteligencia, son motivo de polémica entre la oposición y el oficialismo mexicano.
La oposición, con PAN y el PRI por delante, asegura que se trata de una “ley espía” que, según el excandidato presidencial blanquiazul, Ricardo Anaya (busca repetir en 2030), significa “el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.
Panistas y priístas sostienen que las nuevas disposiciones legales del gobierno de la llamada 4T se van a utilizar también para la persecución política de los opositores.
Desde hace varios días, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, ha estado dando entrevistas a diferentes medios de comunicación -el martes estuvo en la conferencia mañanera- para rechazar que se trate de una “ley espía”.
En el mismo sentido se expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostuvo ayer que “es falso” que las nuevas leyes “tengan que ver con que el Estado va a espiar; se miente deliberadamente, el gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros”.
Reiteró que lo que busca el Gobierno Federal es “construir un país seguro, en paz. Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes; en ningún momento se está espiando a nadie, que quede claro eso”.
Lo que más ruido le ha metido a la oposición, que desde luego está haciendo su juego para tratar de posicionarse de alguna manera, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, que según la mandataria es “para tener una plataforma única de información”.
Recordó que la CURP, por ejemplo, ya está desde hace tiempo en la Ley de Población, como parte del número de identidad de todos los mexicanos, es decir, “no es algo nuevo”.
Este tipo de leyes serán siempre polémicas porque la oposición, de ahora y de antes, argumenta que el gobierno en turno busca espiar a sus integrantes. Es algo en lo que no es fácil ponerse de acuerdo porque detrás están los intereses de cada parte.
Si como dice el gobierno, las nuevas disposiciones legales ayudarán a mejorar la seguridad en el país, nadie debería de oponerse. Nadie, en teoría, quiere que haya inseguridad, salvo los delincuentes, a los que las autoridades deben de combatir, porque de eso viven, de matar y robar.
Entonces, si todos queremos que haya más seguridad para trabajar, para desarrollar en paz las actividades cotidianas, para vivir mejor, lo lógico sería estar en favor de las nuevas leyes.
La presidenta reiteró que “no hay nada en las leyes que se haya aprobado que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura”. Uno de los problemas es que nadie le cree a nadie y porque lo más fácil es descalificar.
En fin, ojalá que con las nuevas leyes se vean mejores resultados en seguridad -de hecho, en el presente sexenio han bajado las cifras de homicidios dolosos- porque eso beneficiará a los mexicanos, más que a los políticos que de por sí tienen seguridad personal o las autoridades los cuidan más que a los ciudadanos de a pie.
Picotazos. Finalmente, como estaba previsto, el martes pasado fue inaugurado el albergue de las Culturas, construido con recursos de una familia que ha solicitado permanecer en el anonimato, cuyo objetivo es alojar a los familiares de los pacientes que permanecen ingresados en el hospital de las Culturas, con sede en San Cristóbal de Las Casas. Es un refugio muy necesario para albergar a los parientes de los pacientes. Uno de los problemas será cómo evitar que el estacionamiento del nosocomio que actualmente ocupan esas personas, sea invadido nuevamente por otras personas, ya que la demanda es grande. Para lograr que quede libre, el espacio tendrá que ser enrejado u ocupado por las autoridades del hospital para algún uso interno. Ya se sabe que cuando es hospitalizada alguna persona de pueblos originarios, la acompañan y se quedan muchos familiares esperando a que se recupere y, por lo general, no tienen dónde dormir, por lo que se acomodan en las carpas ubicadas desde hace años en el espacio construido originalmente con el fin de que fuera el estacionamiento. Hay que decir que algunas personas prácticamente se apropiaron del lugar y cobran a otras que deseen permanecer ahí, por lo que lo han convertido en negocio propio. Esa práctica tendrá que ser desterrada y evitar que ahora quieran cobrarle a la gente por encontrar un lugar en el albergue que cuenta con camas, baños, cocina y otras cosas necesarias para descansar. Ya se sabe que no falta quien aprovecha la necesidad de las personas para hacer negocio para beneficio propio. Ojalá que no se permitan esas prácticas… A propósito de un anestesista que hace varios meses se vio involucrado en la muerte de una paciente -que no era el primer caso- porque trabaja en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia prohibida, algunas personas han sugerido que las autoridades de salud deberían de tener un mayor control sobre el tema, principalmente en instituciones privadas. El caso del que se habla sucedió en una de éstas. El consumo de sustancias prohibidas ha sido relativamente común, pero en las tres décadas recientes se disparó entre los jóvenes, muchos de los cuales son ahora profesionistas. En algunos casos en los que la vida va de por medio, como la medicina, la situación es más delicada, por lo que debería de haber un mayor control para evitar fallecimiento de pacientes sanos que a veces buscan mejoras estéticas. Al paso que vamos va a ser necesario un examen de antidoping antes de colocar la anestesia o de operar. Fin
