Sigue la intolerancia religiosa
Parecía que el tema de la intolerancia religiosa estaba superado, pero resulta que no, pues en la comunidad de Salinas, municipio de Zinacantán, tres familias permanecen desde hace cuatro años sin los servicios de agua y energía eléctrica, además de que los católicos les taparon el camino para impedir el ingreso de vehículos y no las dejan inscribir a sus hijos en la escuela Lázaro Cardenas, ubicada en la localidad.
Parece increíble que ante violaciones de las garantías individuales de este nivel, las autoridades correspondientes no hayan intervenido para proteger los derechos humanos de los miembros de las tres familias a las que la ley ha desamparado y que por lo demás, están dispuestas a mantener su fe evangélica a costa de lo que sea, ya que es un derecho constitucional.
Ante la pasividad de las autoridades, las personas afectadas y sus líderes organizaron el viernes de la semana pasada actividades para llamar la atención: Decidieron celebrar un culto evangélico en una de las casas de los protestantes, sabiendo que los católicos reaccionarían y los agredirían, con lo cual se armaría el escándalo mediático que necesitan para visibilizar el problema.
Como los protestantes de Salinas son relativamente pocos, acodaron que sus compañeros de la comunidad de Tzajalnab, quienes antes sufrieron las mismas vejaciones, ahora ya superadas gracias a acuerdos con las autoridades, acudieran para apoyarlos y solidarizarse con ellos.
Como consecuencia de la celebración del culto, 11 protestantes fueron detenidos y golpeados, según los propios afectados, lo que dio origen a la difusión del conflicto y que las autoridades comunitarias y municipales de Zinacantán intervinieran para que fueran liberados sin pagar multa alguna, como se acostumbra en estos casos.
Lo malo es que a pesar de que se ha evidenciado la violación de la ley y de los derechos humanos de las tres familias, las autoridades de la comunidad decidieron mantener la suspensión de los servicios de agua y energía eléctrica; no desbloquear el camino y no permitir que sus hijos (que estudian en un internado ubicado en la cabecera) acudan a la escuela primaria de su localidad.
Es importante que una vez que el caso se ha ventilado públicamente, las autoridades correspondientes lo atiendan y resuelvan mediante el diálogo para evitar que se sigan violando los derechos humanos de los miembros de las tres familias protestantes.
Se supone que existe una dependencia estatal responsable de atender todos los problemas relacionados con la intolerancia religiosa, por lo que deberían de dialogar con las autoridades de la comunidad y del municipio para solucionar el problema. Ojalá que hagan algo y se repare esta injusticia.
Picotazos. De verdad que a veces uno no entiende qué pasa por la cabeza de las autoridades que en lugar de informar esperan que se especule y haga el escándalo, como sucedió con el avión militar de origen estadounidense tipo Hércules C-130 que aterrizó recientemente en Toluca, generando todo tipo de especulaciones, alentadas por la oposición que sueña con que al estilo Venezuela, una aeronave aterrice inesperadamente en algún punto de México y se lleva detenido o secuestrado a tal o cual funcionario en funciones o del pasado. Si el gobierno hubiera informado con claridad y anticipación sobre el particular se habría evitado todas las conjeturas que se hicieron. O a menos que ese haya sido el objetivo. Según la información que ayer dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, se trató de una acción previamente acordada por razones logísticas. ¿O no se difundió la información del aterrizaje porque no había sido acordado? Si así fue, están mal las autoridades porque ahora con las redes sociales es casi imposible que una acción de ese tipo (el aterrizaje) no trascienda públicamente como sucedió y resulta peor… Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE), que se supone investiga el caso, no ha dado a conocer públicamente los resultados, el atentado en contra de un comandante de la policía municipal de San Cristóbal de Las Casas, ocurrido el pasado viernes relativamente cerca del centro de la ciudad, es un hecho grave que debe de llamar la atención de las autoridades, pues no solo se trata de un uniformado sino que presuntamente es gente del círculo cercano de seguridad de la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel. Habrá que ver si fue solo un hecho delictivo común o si contiene algún mensaje para ella. Por cierto, la presidenta se ha regalado un viaje a España, con el pretexto de participar en una feria de turismo a la que acudirán diferentes autoridades mexicanas. Ojalá que el viaje, que ella asegura será pagado con recursos propios, genere algún resultado que se traduzca en el incremento de turistas a la antigua Ciudad Real… El vecino país de Guatemala vive horas difíciles a causa del accionar de las pandillas que el fin de semana asesinaron a nueve policías, por lo que el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio por un mes para tratar de controlar la situación, lo que permitió que el gobierno retomara el control de las prisiones en las que se produjeron motines. Las medidas oficiales incluyeron la suspensión de las clases en todo el país y la restricción de visitas a hospitales públicos. Posiblemente se trata de temas internos, pero a estas alturas ya no se sabe si desde Estados Unidos se pudieran estar atizando conflictos para perjudicar y desestabilizar al gobierno del presidente Arévalo, de izquierda. Los gringos buscan meterse sus narices en todos lados, con tal generar conflictos para sacar provecho. Fin
