Investigar, investigar
Aprovechando la inercia que trae en estos días para castigar a alcaldes y demás miembros de ayuntamientos envueltos en presuntos hechos de corrupción, las autoridades competentes deberían de llevar ante la justicia a servidores de diferentes dependencias que utilizan el cargo para hacer dinero a costa de la población que requiere de algún servicio.
Ahí está, por ejemplo, el caso de las licencias de conducir que no están registradas en el sistema y por lo tanto no son válidas, cuando el usuario ya pagó el importe correspondiente.
El asunto fue destapado la semana pasada por la alcaldesa de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, pero hasta donde se sabe, no es un problema exclusivo de esta zona, sino que se extendió a otros municipios.
Ahora resulta que si el famoso código QR no la “lee”, la licencia no es válida, por lo que las autoridades de Tránsito la decomisan y hay que tramitar una nueva.
Personas que saben de este asunto, aseguran que el problema de corrupción se detectó tal vez en 2012, cuando todavía la dirección de Tránsito del Estado era la responsable de expedir las licencias.
Resulta que en contubernio con empleados de las delegaciones de lo que entonces era Hacienda, se hacían las tranzas para quedarse con el dinero en perjuicio no solo del erario público, sino del contribuyente, que podría no haberse enterado nunca, como pasó, que le habían entregado un documento que no aparecía en el sistema y por tanto no era válido.
Cuentan quienes saben, que muy “ingeniosos”, algunos, quién sabe si todos, los cajeros de Hacienda aplicaban el método de pagar 50 pesos de “multa” para revertir el pago, como se hace con cualquier otro cobro cuando el usuario desea anularlo por diferentes razones.
De esta forma, los cajeros se quedaban con el importe de las licencias pagando solo los 50 pesos de “multa”, pero la licencia no quedaba registrada en el sistema.
Este caso de corrupción fue descubierto por las autoridades hacendarias porque les llamó la atención que hubiera tantos pagos revertidos, sin que hasta ese momento supieran quién era el verdadero responsable.
Fue por eso que, entre otras razones, las autoridades le quitaron a Tránsito del Estado el control para la expedición de licencias de manejo, dejándole solo la responsabilidad de recibir los documentos y realizar los exámenes correspondientes.
Desde entonces, las licencias son expedidas por las delegaciones de Hacienda, ahora de Finanzas, pero el proceso está a cargo de empresas externas a las que la dependencia paga por el servicio. ¿Se logró combatir la corrupción con estos cambios? Las autoridades tienen la obligación de investigar porque resulta que ahora cientos o miles de automovilistas están preocupados, pues no saben si su licencia es válida o no.
Como siempre hay personas que se las ingenian para ver cómo sacan dinero, también se puso de moda la aparición de gestores que en contubernio con empleados de diferentes dependencias, sobre todo las más solicitadas y en las que se requiere hacer grandes filas, “facilitan” los trámites y la obtención de algún documento. Con tal de evitarse la pérdida de tiempo y las filas, muchas personas acuden a esa nueva forma de sacarle dinero al usuario.
Pero eso de los gestores no es algo exclusivo de San Cristóbal y otros municipios de Chiapas, sino que en la propia capital del país están presentes, sobre todo en el asunto de obtención de placas de circulación u otros trámites relacionados con el tema vehicular.
El colmo: Un usuario denunció que para agilizar una cita que duraría semanas o meses, en las oficinas del SAT de Tuxtla Gutiérrez algún empleado solicita 400 pesos y en poco tiempo llega el turno. La corrupción está a todo lo que da en todos lados.
Si en verdad se está haciendo justicia -a muchas personas les parece que la detención de servidores públicos municipales es una cortina de humo-, se tiene que aprovechar el momento para generar credibilidad. Urge que se haga una limpia y que se castigue a quienes abusan de su cargo. Mientras no se ponga un alto y los responsables sean sancionados, la corrupción no solo no se frenará, sino que escalará y cada vez será más insoportable.
Picotazos. La Fiscalía General de la República tiene dos papas calientes: El caso de Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios estatales de Sinaloa y el de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos (por cierto, ¿estarán Morena y el gobierno tratando de “construirle” una candidatura opositora para 2030 como lo hicieron con la débil Xóchitl Gálvez en 2024?). Para que haya credibilidad tiene que medir a ambos con la misma vara. Es un caso complicado. El panismo ya anunció que se movilizará en su defensa. Legalmente hay elementos para proceder en los dos casos… Conforme se acerque la definición de candidatos a las 17 gubernaturas, a las diputaciones federales y locales, además de los ayuntamientos, se verá cómo queda Morena de dividido. Por lo pronto, se advierten visos de fracturas en Zacatecas y Michoacán porque son muchos y muchas quienes buscan la candidatura. El partido oficial tiene que ser muy inteligente si quiere salir bien librado, ya que es lo que espera la oposición de la derecha porque pensar en que hará algo más para ganar votos está un poco difícil; está totalmente desmovilizada esperando también que de Estados Unidos, básicamente, le llegue algún salvavidas. Por cierto, la separación del cargo de secretario de organización que presentó ayer Andrés Manuel López Beltrán para buscar la candidatura a una diputación federal por Tabasco, ha hecho suponer a algunos opositores que se trata de una movida para evitar un desgaste político al partido. A lo mejor sí ve que pueda haber un golpeteo que podría perjudicar a Morena. Quién sabe. Algunos lo ven como una reversa porque creen que podría contender como candidato a la presidencia de la República en 2030, algo no muy objetivo. A diferencia de su padre, no es popular ni cae bien y para aspirar al Palacio Nacional le falta mucho por recorrer. Bien hace en comenzar con ser diputado federal, que sin duda lo será. Fin
