Comités de padres y madres.
Lo ocurrido la semana pasada en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, cuyo edificio fue tomado por padres y madres de familia, es más común de lo que a veces se sabe públicamente y tiene que ver con la corrupción que desgraciadamente prevalece no solo en instituciones de gobierno, sino en general en la vida diaria.
El caso que detonó la inconformidad de padres y madres de familia de ese centro educativo tiene que ver con dinero, ya que los inconformes responsabilizaron a la Asociación de Madres y Padres de Familia (Amapaf) del ciclo escolar 2025-2026, de no comprobar debidamente en qué gastó más de 160 mil pesos.
Los inconformes exigían el esclarecimiento de las cuentas, el corte de caja por parte de la presidenta, la tesorera y la secretaria de la Asociación y que les regresen las cooperaciones de los padres de familia del ciclo escolar 2026-2027, por el monto de más de 160 mil pesos.
En otras escuelas ha habido denuncias de que integrantes de los comités de padres y madres de familia se quedan con parte del dinero de las inscripciones, por ejemplo, que cada vez son más altas
En ocasiones lo hacen en complicidad con los directivos y nadie se da cuenta o no protesta, por lo que los casos quedan en el olvido en perjuicio de las escuelas.
Por eso muchas veces, algunos padres o madres pelean por pertenecer a la directiva para manejar el dinero y quedarse de alguna forma con una parte, mientras la mayoría se muestra apática a participar en esos grupos.
Pero se sabe también de casos en los que directivos de centros educativos se han quedado con el dinero, o una parte, que les llega a través de algún programa federal. Lo más triste es que los padres y madres ni cuenta se dan y si se enteran los directivos son protegidos por sus superiores.
Pensando en que se combatiría la corrupción, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cambió de modalidad para que los recursos llegaran directamente a las escuelas para sus gastos ordinarios como darle mantenimiento a los edificios, pero la situación sigue igual porque no siempre el dinero se utiliza para lo que debería.
La única forma de medio frenar esa situación sería tal vez creando una comisión oficial de vigilancia y supervisión para que se sepa con claridad en qué se gasta el dinero. Muchas veces ni el agua pagan.
Regresando al caso de la Jaime Torres Bodet por el que se originó este texto, el edificio estuvo tomado el jueves y viernes de la semana pasada, pero el lunes se reiniciaron las labores.
Los inconformes no dieron a conocer bajo qué condiciones se reanudaron las clases, pero hasta donde se sabe el problema no ha sido resuelto, por lo que sería deseable que las autoridades correspondientes intervengan para resolverlo.
El caso ha llegado hasta la Fiscalía porque según trascendió ya fueron interpuestas denuncias formales, que en ocasiones se atoran porque se anteponen las relaciones políticas para proteger a alguien. Ojalá que el diferendo se resuelva de la mejor forma para que haya armonía entre directivos, maestros y alumnos.
Picotazos
La alcaldesa coleta Fabiola Ricci Diestel, y el diputado local, Juan Salvador Camacho Velasco, ya se inscribieron para encabezar la coordinación que los lleve a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal. Los dados están cargados hacia ella. O cuando menos, así se ve desde fuera... A propósito del delito de traición a la patria que le imputan al exfiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por la intervención de agentes estadunidenses de la CIA en operativos antinarcotráfico, vale recordar que ocho indígenas tseltales de la comunidad de Pataté Viejo, municipio de Ocosingo, y dos guatemaltecos, fueron acusados de ese delito por el Ejército Mexicano en mayo de 1993, cuando las fuerzas federales descubrieron y destruyeron el campamento Las Calabazas que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tenía en la sierra Corralchén. En esa ocasión se dio el primer enfrentamiento entre ambas fuerzas, aunque para entonces todavía no se conocía públicamente la guerrilla que se dio a conocer a nivel mundial el 1 de enero de 1994. Los ocho indígenas y los dos guatemaltecos eran chivos expiatorios, pues no tenían nada que ver en el asunto. De hecho, los chapines vendían mercancías en las comunidades. Se dijo entonces que nadie había sido acusado de traición a la patria desde la Revolución Mexicana. Meses después del alzamiento zapatista fueron liberados los diez acusados porque no había elementos jurídicos para mantenerlos en Cerro Hueco, de triste memoria… Algo grave debe de estar pasando en la Fiscalía de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal, porque son varias las quejas en contra de su titular. De las que han trascendido públicamente está la relacionada con el caso del diseñador tsotsil, Alberto López Gómez, acusado de defraudar a 14 mujeres de Aldama por un monto de 572 mil 800 pesos y quien no fue detenido porque presuntamente tuvo algún tipo de protección de esa dependencia o cuando menos eso sospechan las afectadas. El otro caso es más delicado, ya que un grupo de personas de Tenejapa inició la semana pasada un plantón frente al edificio, argumentado discriminación y falta de atención de una denuncia. Es grave que la fiscal indígena sea acusada de discriminación por otros indígenas. Con los anteriores fiscales no había pasado. Ojalá se corrijan los errores que tal vez por falta de capacidad o experiencia se pudieran estar cometiendo... Ya instalados en el siglo XXI, la convicción es que el tiempo seguirá su curso sin prisas ni contratiempos como tiene que ser. Las cosas caminan conforme a lo planeado para la sanación de los males. Fin
