La organización de la sociedad civil denominada “Alto al Secuestro”, dedicada a apoyar a las víctimas de ese delito, reporta en su portal de internet que, de octubre del 2024 a enero del 2025, se han cometido a nivel nacional 873 secuestros, lo que da un promedio de 11 secuestros cada día en México.
Este es uno de los fenómenos delictivos que más lastima a las víctimas por las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que sufren. El impacto a las familias que han vivido esa experiencia son trascendentales.
Recientemente, diversos medios registraron el fallecimiento de quien fundó esa asociación civil. Isabel Miranda de Wallace, en 2005, presentó una denuncia por el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace.
Al margen de las particularidades de ese proceso penal en el que se ha cuestionado la validez de las pruebas o su idoneidad para demostrar la intervención de quienes fueron acusados también del homicidio de su hijo, ese caso retrata de cuerpo completo el fracaso de la justicia penal en el país.
No puede ser que hayan transcurrido 20 años y no se haya logrado resolver en definitiva la culpabilidad de los responsables de ese atroz crimen. Si bien algunos ya fueron sentenciados en primera y segunda instancia, al día de hoy se sigue discutiendo en los tribunales cuál es la verdad legal. ¿Son penalmente responsables quienes se encuentran en la cárcel o deben ser absueltos?
El proceso penal tradicional fue ineficaz para resolver éste y otros conflictos penales. El caso Wallace, y muchos otros casos, se siguen tramitando con la ley anterior y llevan años en litigio sin solución, o peor aún, nunca se han ejecutado las órdenes de aprehensión y los probables responsables siguen sustraídos de la acción de la justicia.
Desde el 2016 cambiaron las reglas para tramitar un proceso penal en el país. Ahora los juicios orales representan una mejor estrategia de solución de conflictos penales respecto del sistema penal tradicional y, si bien aún presenta muchas deficiencias operativas y técnicas, seguimos en el proceso de su consolidación.
Existen opiniones encontradas respecto a la personalidad polémica de Isabel Miranda de Wallace o respecto a su activismo político y social. Sin embargo, nadie puede negar que ayudó económicamente o con asesoría legal gratuita a muchas víctimas a las que apoyó desinteresadamente.
Dedicó tiempo de su vida a mejorar las instituciones de procuración e impartición de justicia sin cobrar un sueldo u obtener recursos públicos y fue figura pública en las discusiones y foros legislativos que lograron la unificación de las leyes para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro.
Se trata de una madre que se dedicaba a la educación y tuvo que enfrentar la indiferencia del sistema penal durante 20 años en busca de la justicia.