La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo amparos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con el caso de la Estafa Maestra, en los que analizará si el organismo tiene legitimación para promover juicios de amparo contra resoluciones judiciales que puedan llevar al cierre de investigaciones.
Por unanimidad de votos, el pleno aceptó revisar la contradicción de criterios de tribunales colegiados, a petición del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
Será turnado a ministra o ministro
De esta manera, el asunto será turnado a una ministra o ministro para que elabore un proyecto de sentencia, en el que deberá determinar si existe o no una contradicción de criterios.
El caso llegó al máximo tribunal después de que algunos tribunales consideraron que la Auditoría no tiene facultades para promover estos amparos, al estimar que las decisiones judiciales no afectan directamente su patrimonio. Esa interpretación se apoya en el artículo 7 de la Ley de Amparo respecto de las personas morales oficiales.
Sin embargo, existe también un criterio contrario, donde otro Tribunal Colegiado sostuvo que la ASF, por su carácter de órgano fiscalizador y garante de los recursos públicos, puede intervenir como coadyuvante del Ministerio Público e impugnar decisiones relacionadas con el no ejercicio de la acción penal, aun cuando el daño patrimonial no recaiga directamente sobre la Auditoría.
Uno de los expedientes involucrados corresponde a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, relacionado con convenios de 2016 con la Universidad Autónoma Indígena de México. La FGR señaló una posible afectación económica cercana a 110 millones de pesos; sin embargo, tribunales determinaron que no existían elementos suficientes para mantener la vinculación a proceso.
Otro involucra a José Roberto Aguilar Fuentes y José Roberto Torres Gutiérrez, relacionados con un convenio por 400 millones de pesos entre la entonces Sedesol y la Universidad Politécnica de Chiapas. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, se desconoce el destino de casi la mitad de esos recursos.
