El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 458 votos a favor, reformar el artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El dictamen avalado establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo, es decir, alrededor de 70 mil pesos.
También dispone que la reforma será retroactiva y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.
Durante la discusión en lo general, el diputado Alejandro Domínguez (PRI) señaló que al establecer que la reforma sea retroactiva, afectará a los trabajadores; mientras que quedan intactos los privilegios de otros, como los exministros de la SCJN.
“Esta iniciativa no es pareja porque no todos serán afectados por igual; algunos van a conservar sus privilegios, por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar conservará sus privilegios, los ministros en retiro conservarán sus privilegios, eso es lo que convierte a esta reforma en una reforma selectiva, discrecional y clasista, y además con un sustento jurídico poco sostenible porque viola el principio de retroactividad de la ley, atenta contra la seguridad jurídica, va a abrir la puerta de litigios masivos”, dijo.
La diputada Lilia Aguilar (PT) dijo que se deben eliminar los excesos en las pensiones porque “se logró gracias a que estos sistemas pensionarios fueron dados con actos de corrupción”, y aumentaron 157 % entre 2018 y 2019.
La diputada Maricela Silva (PVEM) dijo que en “un país con tantas desigualdades, no puede haber pensiones exorbitantes financiadas con recursos públicos, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchan todos los días por sacar adelante a sus familias”.
