El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se estrena hoy lunes en Bruselas con la misión de consolidar la fecha de firma del pacto renovado entre México y la Unión Europea.
También deberá aclarar algunas inquietudes emergentes en la Unión Europea respecto a presiones ejercidas por Estados Unidos y el papel que deben jugar los tribunales internacionales en litigios inversionista-Estados.
La oficina de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que todavía no se tiene fecha de viaje a Ciudad de México, en donde tendrá lugar la rúbrica del acuerdo modernizado.
Buscan aprobación
La fecha que continúan manejando extraoficialmente en Bruselas como probable para la firma es el 21 y 22 de mayo, fue fijada tomando en consideración los tiempos marcados por los trabajos administrativos pendientes por parte del Comité Permanente (Coreper), organismo compuesto por representantes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE.
El Coreper debe aprobar la decisión del Consejo Europeo relativo a la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre la UE y México. El documento, posteriormente, debe ser adoptado formalmente por el Consejo Europeo.
Una vez firmado el acuerdo por la presidenta de México y la titular de la Comisión Europea, la Eurocámara tendrá que pronunciarse sobre el Acuerdo Global y la aplicación provisional del componente comercial, de allí la importancia del acuerdo entre Velasco y Metsola.
Existen inquietud
En Bruselas hay inquietud por algunas evoluciones preocupantes. Una tiene que ver con la discusión planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el papel de tribunales internacionales en litigios inversionista-Estados tras darse a conocer que en los últimos tres meses, corporaciones globales interpusieron 12 demandas contra nueve países de América Latina.
Otra preocupación es la presión que está ejerciendo la administración del presidente Donald Trump para que terceros países suscriban acuerdos sobre comercio e inversión que en la práctica suponen un desconocimiento de las obligaciones contraídas con la UE relativas a la protección de indicaciones geográficas.
