La decisión del Gobierno Federal de desaparecer las escuelas militarizadas del país dejará en incertidumbre a al menos 12 mil 813 estudiantes, mientras persiste un vacío jurídico sobre qué prácticas están permitidas en estos modelos educativos y cuáles deben sancionarse.
Un análisis de la Iniciativa de educación con equidad y calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, advierte lo anterior y señala la necesidad de establecer reglas claras para diferenciar entre abusos y ejercicios de disciplina positiva o legítima.
El estudio establece que no puede asumirse que toda forma de educación militar o castrense implica abusos.
“La disciplina positiva o legítima es el fomento de la autorregulación, la puntualidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la convivencia pacífica. Las bandas de guerra o equipos representativos deportivos con arraigo en secundarias y bachilleratos tecnológicos pueden ser ejemplos positivos de esta disciplina”, dice el documento.
La IEEC considera necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda el vacío normativo con reglas claras sobre las prácticas permitidas y evite estigmatizar ejercicios de disciplina positiva o legítima que quizá de manera equivocada son asociados socialmente con lo “militar”.
El estudio fue elaborado tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en un campamento de verano de una academia militarizada privada en Tamaulipas.
La investigación sostiene que el problema no se limita a las denuncias de maltrato que existen en las escuelas, no sólo en las militarizadas; también señala la falta de coordinación entre la SEP federal, las secretarías estatales y sus órganos municipales para la supervisión de los planteles.
También advierte una contradicción entre la postura actual de la Secretaría de Educación Pública, que afirma que la educación militarizada no está permitida por la ley.
Marco Fernández, investigador de la IEEC, señala que hay preocupación porque en los argumentos de la autoridad se asume de manera equivocada que una opción militarizada implica el uso de violencia como parte del modelo educativo.
