Las probables violaciones procesales cometidas por el gobierno de Panamá, en agravio del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, así como las condiciones de reclusión que enfrentó durante su estancia en el centro penitenciario La Chirola tras su detención en junio de 2017, serán llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó el abogado Arturo González Baso.
El litigante, quien ve el caso en aquel país, señaló que la defensa prepara acciones para que se determine si el Estado panameño incurrió en violaciones al tratado de extradición vigente con México y en afectaciones a los derechos humanos del exmandatario durante el proceso que culminó con su entrega a las autoridades mexicanas en enero de 2018.
El anuncio se produce a dos meses de que Roberto Borge fue absuelto del delito de delincuencia organizada, resolución que, de acuerdo con sus representantes legales en Panamá, reabre el análisis sobre la legalidad de la ampliación de la extradición autorizada por el Gobierno panameño en 2022.
Proceso legal
El equipo de defensa sostiene que la autorización para ampliar la extradición con el propósito de incluir ese quinto delito por delincuencia organizada fue concedida en contravención del tratado de extradición entre Panamá y México.
Según los abogados, el principio de especialidad previsto en ese instrumento internacional impedía ampliar la extradición por hechos idénticos o vinculados con aquellos que sirvieron de fundamento a la solicitud original presentada por las autoridades mexicanas.
Explicaron que el cargo de delincuencia organizada tenía como propósito sustentar la responsabilidad penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conducta que ya formaba parte de la causa penal por la que Panamá autorizó la extradición de Borge en 2018.
En términos sencillos, el delito federal por el fue detenido originalmente en Panamá es operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, relacionado con el remate del patrimonio territorial del estado, a precios por debajo de su costo para beneficiar a amigos, familiares y gente afín a su grupo político.
Ese delito, junto con otros tres del fueron común motivaron su extradición en 2018 a México.
Posterior a ello, en 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló un nuevo delito, el quinto, por delincuencia organizada, con base en los mismos hechos que el de lavado de dinero y peculado, argumentando que para el remate de inmuebles patrimonio del estado, Borge tuvo que configurar una red de complicidades que lo hiciera posible.
Para imputarle ese delito la FGR tenía que obtener la autorización del gobierno de Panamá, pues solo podía ser juzgado por los delitos que dieron pie a su extradición.
Por ello, el equipo jurídico considera, sostuvo, contar con elementos para promover acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., como paso previo al eventual conocimiento del caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que determinaría, en su caso, la responsabilidad internacional del Estado panameño.
Roberto Borge Angulo fue detenido en junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a viajar a Francia.
Posteriormente permaneció sujeto al proceso de extradición solicitado por el Gobierno de México hasta su entrega a las autoridades mexicanas en enero de 2018.
