Ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México aseguró que “el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad”.
Al señalar que en el pasado la desaparición forzada “se ordenaba desde las altas esferas del poder político”, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que estos delitos “son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo por autoridades del ámbito municipal”.
El subsecretario Medina reiteró que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional y aseguró que la búsqueda de personas no se detiene.
“Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras”, expresó al referir que en todos los casos se debe investigar y sancionar el delito.
En su intervención, expuso que México cuenta con una coordinación “sin precedentes” entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad.
Comité de la ONU acusa persistencia de desaparición en México
Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, compareció este martes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para presentar el informe anual del organismo, que incluye la primera aplicación en su historia del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, relacionada con la crisis que enfrenta México.
Al presentar el informe anual del organismo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, explicó que la conclusión se sustentó en información proporcionada por el Estado mexicano, contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, así como en antecedentes reunidos desde 2012.
“El órgano concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, afirmó.
Albán Alencastro explicó que el Comité concluyó por primera vez el procedimiento previsto en ese artículo, que permite llevar situaciones particularmente graves a la atención de la Asamblea General para movilizar cooperación internacional.
“El artículo 34 es un mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”, señaló.
El presidente del Comité precisó que la decisión no constituye una determinación de responsabilidad internacional contra México.
