Durante 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 78 servidores públicos por diversos delitos.
Mientras que en el Órgano Interno de Control (OIC) demandó a 184 por presuntas irregularidades o faltas administrativas.
Entre los delitos cometidos que ameritaron una demanda penal, destacó la remuneración ilícita que hace varios sexenios no aparecía, y que el año pasado se detectó en cinco empleados de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS) del SAT.
El SAT no dio más detalles, pero en la administración pública, cualquier retribución adicional no permitida debe ser sancionada.
Lo anterior, porque está prohibido que un funcionario reciba más dinero del que corresponde a su salario.
no cumpla esta disposición, incurre en el delito de remuneración ilícita.
No sólo aplica para regular los ingresos quincenales o mensuales, sino también por jubilación, pensión o liquidación indebida.
Si al tener conocimiento que por error percibe un pago mayor, y no lo reporta, está cayendo en ese ilícito.
La excepción son los apoyos y gastos, sujetos a comprobación, propios del desarrollo del trabajo y los viáticos de viaje en actividades oficiales.
Otras excepciones son los ingresos obtenidos lícitamente por otras actividades fuera del servicio público.
Se castiga con prisión y multas desde 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), hasta tres mil veces su valor.
Además, la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.
Sin embargo, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática sigue siendo el delito más común el cual está tipificado en el artículo 211 del CPF, ya que el SAT denunció a 33 servidores.
Por falsificación de documentos según el artículo 244 del CPF demandó a 12 funcionarios que trabajaban en las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Comercio Exterior y de Recaudación de las oficinas localizadas en el área metropolitana del Centro y Noroeste.
Con base a lo que establece el artículo 214 de dicho Código por el ejercicio ilícito de servicio público puso demandas penales en la FGR en contra de nueve funcionarios.
