Detenciones por el color de piel o el acento, familias encerradas por miedo y niños que dejaron de asistir a clases forman parte de los efectos de los operativos migratorios en Estados Unidos documentados por Amnistía Internacional en una investigación que incluyó a integrantes de la comunidad mexicana.
En su informe “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”, la organización pidió disolver el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras identificar detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza y condiciones de reclusión que podrían constituir tortura.
La investigación abarca cuatro operaciones federales en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis-Saint Paul.
Decidían a quién detener por sus características
Los agentes decidían a quién detener a partir de características como el color de piel, el origen étnico, el idioma y el acento, señaló la organización. También dirigían sus acciones hacia restaurantes, obras de construcción y estacionamientos donde se reunían jornaleros.
De acuerdo con los hallazgos, en ocasiones verificaban la situación migratoria después de detener a las personas. En otros casos ignoraban los documentos o explicaciones con los que éstas intentaban acreditar su estancia regular.
Violencia
El informe describe a agentes con el rostro cubierto, fuertemente armados, sin identificación visible y a bordo de vehículos sin distintivos. Documentó entradas a viviendas sin orden judicial, vidrios de automóviles rotos sin justificación y personas arrojadas al suelo pese a no oponer resistencia.
La violencia también alcanzó a quienes vigilaban o grababan los operativos. La organización registró amenazas con armas de fuego, empujones y detenciones de observadores, además del uso de gas lacrimógeno y otras sustancias irritantes contra manifestantes pacíficos.
Entre los casos examinados figuran los disparos contra Silverio Villegas González y Marimar Martínez, en Chicago. Amnistía consideró que el homicidio de Villegas González, así como los de Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
La organización advierte que videos, testimonios e investigaciones posteriores contradijeron algunas versiones oficiales con las que se intentó justificar los tiroteos.
Amnistía exige restablecer la protección de escuelas, centros de salud y lugares de culto frente a las acciones migratorias, y destinar recursos a servicios para las comunidades.
