Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios públicos de esa entidad por narcotráfico, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite a las autoridades estadounidense ampliar la información.
En conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, área a la cual está adscrita la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales, comentó que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un posible crimen.
“El pedimento que nos ocupa, no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar por qué de la urgencia, de la detención provisional.
“Igualmente advertimos, en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acredite la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”, consideró Jiménez Vázquez.
Hizo hincapié en que se hacen las investigaciones correspondientes acerca de los posibles hechos ocurridos en territorio nacional en términos de la legislación, y de acuerdo al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho.
“Nuestro compromiso es con la verdad y la defensa”
“El pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, recalcó.
Enfatizó que la SRE turnó a la FGR la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del departamento de Justicia de los EU, para efectos de detener en forma provisional con fines de extradición internacional a 10 ciudadanos mexicanos.
“Es importante aclarar a la opinión pública nacional que no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino que estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento, de una medida cautelar con fines de extradición”.
Destacó que su obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que les otorga la constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Extradición Internacional, y los tratados internacionales bilaterales y multilaterales aplicables a la materia.
Detalló que el compromiso es, sin lugar a dudas, el cumplimiento a cabalidad de esa normatividad y la protección de los mexicanos sin distinción de ningún tipo.
“Afirmamos categóricamente nada ni nadie encima de la ley”.
