Solo 35 % de las escuelas públicas de educación básica cuenta con computadoras e internet para la enseñanza; 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes carecen de otro dispositivo digital para realizar sus tareas; y para 56.3 % de los usuarios de celulares de 6 a 17 años, el teléfono representa su única herramienta tecnológica.
Pese a estas condiciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) restringió el uso de dispositivos personales durante toda la jornada escolar, sin establecer indicadores para evaluar si la medida mejora los aprendizajes.
La regulación, que entra en vigor hoy 3 de noviembre, también ignora las diferencias en el uso de celulares entre niveles educativos: mientras 84.1 % de los estudiantes de secundaria lleva teléfono a la escuela, la proporción disminuye a 24.8 % en primaria y a 4.6 % en preescolar.
Sin embargo, la dependencia estableció una misma restricción para toda la educación básica, pese a que 94.7 % de las figuras educativas consultadas respaldó reglas diferenciadas según la edad y el nivel escolar.
Brecha digital
El estudio “Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación”, elaborado por México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, advierte que las restricciones pueden ampliar la brecha digital, particularmente entre estudiantes de menores recursos económicos.
El documento señala que la dependencia tecnológica es mayor en los hogares de bajos ingresos, donde 73.1 % depende exclusivamente del celular, frente a 11.2 % de los hogares del estrato alto. Esto representa una diferencia de 61.9 puntos porcentuales y significa que la dependencia del teléfono es más de seis veces mayor entre las familias de menores recursos.
La investigación establece que el Acuerdo 09/09/26 de la SEP llega sin una política de alfabetización digital, sin mecanismos claros para verificar su cumplimiento y sin indicadores para determinar si la reducción del uso de dispositivos se traduce en mejores resultados académicos.
Convivencia escolar
La consulta también identificó riesgos relacionados con la convivencia escolar. El 38.7 % de las figuras educativas reportó conflictos iniciados en redes sociales que continuaron dentro de los planteles; 33.2 % toma o hace difusión de fotografías, audios y videos sin consentimiento; 31.5 %, conocimiento de retos virales y 29 %, situaciones de ciberacoso o agresiones digitales.
A estos problemas se suman la exposición a contenidos violentos, sexuales o inadecuados para la edad, mencionada por 27.1 %, y el contacto con contenidos que presentan patrones o expectativas poco realistas, señalado por 24.2 % de los participantes.
El respaldo a establecer límites también presenta diferencias importantes. Mientras 95.7 % apoyó fijar una edad mínima para utilizar redes sociales y 94.7 % defendió reglas diferenciadas por edad y nivel educativo, 88.8 % favoreció restringir el uso a momentos autorizados durante la jornada escolar.
Otro 87.4 % consideró necesario decidir los criterios de utilización conforme al contexto y las necesidades de cada escuela y 81.2 % respaldó medidas nacionales. En cambio, únicamente 56.3 % apoyó impedir por completo el acceso a los dispositivos durante la jornada.
Aplicación
La Ley General de Educación establece en su artículo 84 que las tecnologías digitales deben utilizarse para fortalecer los aprendizajes, desarrollar habilidades y cerrar las desigualdades educativas. La aplicación del acuerdo, señala el estudio, deberá conciliar ese mandato con las restricciones a los dispositivos personales.
El problema también alcanza la formación digital de los estudiantes. Entre los usuarios de celulares de 12 a 14 años, 88.2 % los utiliza para actividades escolares, pero únicamente 26.2 % declara contar con habilidades para proteger sus dispositivos, cuidar la privacidad de sus datos y evaluar la fiabilidad de la información.
Además, cerca de 7 de cada 10 menores ya utiliza redes sociales a los 12 años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025, retomados por el estudio.
Primera revisión
Deberá realizarse la primera revisión durante el primer semestre de 2027, mientras una segunda medición permitirá valorar ajustes hasta 2028, incluida la posibilidad de establecer reglas distintas para los primeros grados de primaria, los últimos y secundaria.
Los investigadores concluyen que restringir dispositivos sin garantizar alternativas tecnológicas ni enseñar a utilizarlos responsablemente puede profundizar las desigualdades educativas. Por ello, consideran indispensable que la SEP evalúe si la regulación mejora los aprendizajes y no se limite a verificar que los celulares permanezcan guardados durante la jornada escolar.
