La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido comenzar un procedimiento sancionador ordinario contra la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco.
Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dio a conocer que esta comisión sesionó y empezó el proceso con la suspensión de derechos partidarios de la funcionaria, acusada de falso secuestro, ocurrido el pasado 31 de mayo, con el fin justificar un faltante de recursos públicos, equivalente a 40 millones de pesos.
“Derivado de conductas que contravienen los principios fundamentales de los estatutos de nuestros partido, así como los compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, argumentó.
En su desplegado agrega que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con referencia a sus atribuciones y a partir del debido proceso, valore la procedencia de medidas cautelares, “garantizando en todo momento el respeto a la presunción de inocencia y a los derechos de las personas involucradas”.
No habrá tolerancia
Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena reafirmó que no habrá tolerancia ante acciones que contravengan “los principios que dieron origen a nuestro movimiento”.
Antes, Nápoles Pacheco compartió un posicionamiento donde cuenta que la privación de la libertad pasó el 31 de mayo, acudió a denunciar el 1 de junio ante la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro y “ofrecí todas las pruebas que me fueron requeridas”.
Acusó trato discriminatorio, manipulación por funcionarios y pidió al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, conocer su caso y las acciones del personal.
Por su parte, la Fiscalía mexiquense anunció el arresto de Christian “N”, Víctor Manuel “N” y Karla Valeria “N” y el petición de audiencia de formulación de imputación en contra de la presidenta municipal de Tenancingo.
“Estos sujetos habrían simulado el secuestro de la presidenta para obtener un pago de 40 mdp a cambio de la ‘libertad de la víctima‘”, explica.
