Siete décadas logró el PRI mantenerse en el poder. Construyó instituciones, empresas básicas, servicios de salud, educación y seguridad social, distribuyó la tierra y desarrolló la infraestructura rural y urbana del país.
Sin embargo, lo hizo controlando elecciones y medios de comunicación, así como a los tres poderes del Estado y a los gobiernos locales; permitió la corrupción y trató a las disidencias con violencia. Propició una sociedad desigual y excluyente.
También limitó el desarrollo del espacio cívico entendido como “el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social. En particular, permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones”. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El espacio cívico se empezó a abrir en México hasta los años setenta al surgir movimientos urbanos y feministas, organizaciones en defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. En las siguientes dos décadas se amplió con agendas diversas y jugó un papel importante en la transición democrática del año 2000.
Fue realmente solo hasta el quiebre del PRI propiciado por la Corriente Democrática a finales de la década de los años 80, que el gobierno federal se vio obligado a renunciar a su control centralizado del poder. Se da entonces un florecimiento del espacio cívico.
En los últimos 50 años han surgido desde este aportaciones al bienestar de la población, a cerrar brechas de desigualdad y exclusión y a la defensa de los derechos humanos.
Lo más destacado de los activistas sociales es su capacidad para detectar y colocar en la agenda nacional problemas que surgen en el territorio; prevenir situaciones, visibilizar, proteger y defender a grupos poblacionales afectados o discriminados; así como innovar y desarrollar buenas prácticas.
La existencia de un espacio cívico abierto, amplio, diverso y libre, así como de un ambiente propicio para su desarrollo, hacen parte esencial de la vida democrática de los países. Lamentablemente los espacios cívicos están siendo sujetos a su destrucción y a controles muy severos frente a las autocracias y el creciente autoritarismo.
La ACNUDH sostiene que “un espacio cívico abierto y pluralista que garantice la libertad de expresión y opinión, así como la libertad de reunión y asociación, es un requisito indispensable para que el desarrollo y la paz sean sostenibles”.
