Investigaciones de las autoridades relacionadas al caso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado por su supuesta participación en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, en el caso de los 43 normalistas en Iguala ocurrido el 26 y 27 de septiembre del 2014, detalla que Guerreros Unidos es un grupo escindido de la organización Beltrán Leyva (OBL), que opera en la región central de México, el cual se dedica principalmente a la extorsión y el secuestro.
Pero también trafica heroína a Estados Unidos; además, Guerreros Unidos se caracteriza por sus tácticas agresivas y uso de la violencia extrema, lo cual ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad.
Indica que esta organización delincuencial es uno de por lo menos siete grupos disidentes de la OBL, que se conformó tras la muerte de su líder Arturo Beltrán Leyva en 2009.
El grupo fue fundado por Mario Casarrubias Salgado, “El Sapo Guapo”, quien se desempeñaba como parte del equipo de seguridad de la OBL, y Cleotilde Toribio Renteria, “El Tilde”, que era miembro del escuadrón de la muerte del sicario de la OBL, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
También, subraya que uno de los enemigos principales de Guerreros Unidos son Los Rojos, a quienes la organización ha estado disputando el control de las rutas de narcotráfico, rivalidad que pudo haber motivado la masacre de los estudiantes de Iguala.
Borró evidencia
Por otra parte, la indagatoria remarca que en una entrevista ministerial, Blanca Ma. del Rocío Estrada Ortega, que se desempeñó como visitadora general del Consejo de la Judicatura de esa entidad, recuerda que se enteró de los hechos de Iguala hasta el 27 de septiembre de 2014, ya que a las 04:00 horas recibió una llamada de parte de Lambertina Galeana Marín (en ese entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero), quien le comentó que el gobernador había dado la orden de que el procurador Iñaky Blanco Cabrera, Jesús Martínez Garnelo, quien en ese entonces era secretario de Gobierno, y ella se reunieran para trasladarse al Palacio de Justicia de Iguala.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2014, estando en la oficina de la Presidencia del Tribunal en Chilpancingo, entre las 9:00 y 10:00 horas, Lambertina Galeana Marín le comentó a Estrada Ortega que el gobernador había dado la instrucción tanto a ella como a Iñaky Blanco Cabrera y Jesús Martínez Garnelo que hablaran con los ingenieros y técnicos del Palacio de Justicia de Iguala, para que borraran toda evidencia que hubiera de los hechos sucedidos.
Indica que, al día siguiente, el gobernador dijo que la situación de los estudiantes no iba a pasar a mayores.
