La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los países de América, incluido México, a tipificar como delito autónomo el reclutamiento forzado de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) por organizaciones criminales, además de identificar los territorios y las instituciones públicas bajo influencia de estos grupos, ante el avance de la violencia, la corrupción y la impunidad.
En la resolución 1/26, denominada “Crimen organizado y derechos humanos en las Américas”, el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) formuló 50 recomendaciones para enfrentar a las organizaciones delictivas, proteger a las víctimas y evitar que las estrategias de seguridad se limiten a medidas represivas.
El documento, aprobado el 28 de febrero de 2026, establece que los gobiernos deben reconocer como víctimas a los menores de 18 años reclutados por grupos criminales, incluso cuando sean utilizados indirectamente en sus actividades, y garantizarles protección, atención psicológica, reintegración familiar y acceso a la educación.
La CIDH recomienda establecer sanciones proporcionales para los responsables, investigar los casos y desarrollar mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos de captación de menores, particularmente mediante redes sociales y otras plataformas digitales.
También plantea fortalecer las escuelas, los servicios sociales y las oportunidades de empleo para reducir las condiciones que facilitan el reclutamiento de adolescentes y jóvenes.
CIDH pide mecanismos de protección a periodistas
La Comisión también expresa preocupación por las amenazas, desapariciones y asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y personas dedicadas a buscar desaparecidos en territorios donde operan organizaciones criminales.
En ese sentido, pide fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones que permitan identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de las agresiones.
Asimismo, recomienda que los gobiernos hagan pública información sobre contrataciones, beneficiarios finales de empresas, financiamiento político y resoluciones judiciales vinculadas con el crimen organizado, para facilitar la vigilancia ciudadana y las investigaciones periodísticas.
Para las mujeres, niñas y adolescentes, plantea medidas especiales frente a la violencia sexual, la explotación y otras agresiones cometidas en contextos de criminalidad organizada, además de refugios, atención especializada e investigaciones con perspectiva de género.
La CIDH sostiene que combatir al crimen organizado exige fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y garantizar los derechos de las comunidades afectadas, sin recurrir a medidas que vulneren las garantías fundamentales de la población.












