La Segunda Comisión de la Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con las comunidades escolares, continúen el fortalecimiento de las acciones, protocolos y estrategias integrales de protección y prevención de acoso y violencia escolar previstas en el marco de los Entornos Escolares Seguros.
Lo anterior, con pleno respeto a los derechos humanos, al interés superior de la niñez y a la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.
Datos de encuesta
Los legisladores integrantes de dicha comisión destacaron que en México, alrededor de 28.5 % de personas de entre 12 y 17 años ha experimentado alguna forma de acoso escolar o violencia en su entorno educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, señalaron que el Sistema Educativo Nacional atiende a más de 34 millones de estudiantes en 258 mil planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior, lo que hace indispensable mantener acciones permanentes de prevención y atención de riesgos.
Resaltaron que la estrategia Entornos Escolares Seguros impulsada por la SEP promueve la corresponsabilidad entre autoridades educativas, familias y comunidades escolares para prevenir factores de riesgo y fortalecer una cultura de paz dentro y fuera de los planteles, por lo que resulta procedente exhortar a las autoridades competentes a continuar fortaleciendo las acciones.
Dicha estrategia “constituye un mecanismo institucional que articula un conjunto de lineamientos, protocolos y acciones de observancia general orientados a garantizar que los centros educativos sean espacios seguros, saludables e incluyentes. También privilegia acciones preventivas, de convivencia y protección integral sin implicar revisiones o medidas que pudieran restringir derechos fundamentales sin sustento legal”.
La Segunda Comisión de la Permanente estimó necesario exhortar a la SEP y a las autoridades estatales en la materia a fortalecer las acciones, protocolos y estrategias para que los estudiantes cuenten con un ambiente escolar seguro.
