En reunión de trabajo entre el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, representantes de universidades, organismos empresariales, instituciones públicas y especialistas, se anunció el avance de un paquete de reformas constitucionales y legales para abrir una nueva etapa en el combate a la corrupción y la impunidad.
Ramírez Cuéllar explicó que una de las propuestas centrales es crear un nuevo sistema anticorrupción, debido a que el modelo vigente tiene limitaciones que le han impedido cumplir eficazmente sus objetivos.
El paquete contempla una reconstrucción del sistema de fiscalización y auditorías, reformas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), coordinación con los órganos fiscalizadores estatales y un rediseño de las fiscalías anticorrupción, tanto de la Federación como de las entidades.
También se propone revisar la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios, modificar los mecanismos del juicio político, reformar el Código Penal para actualizar los delitos relacionados con la corrupción y fortalecer la extinción de dominio, particularmente frente al huachicol fiscal.
El objetivo es integrar equipos de trabajo con legisladores y especialistas para precisar las iniciativas y, eventualmente, convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea el tema central.
México no ha conseguido erradicar corrupción
En su intervención, el senador Higinio Martínez reconoció que pese a la transformación política iniciada en 2018, México no ha conseguido erradicar la corrupción de sus gobernantes, a la que calificó como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país.
Además, llamó a impulsar una limpieza de fondo que permita investigar, sancionar y terminar con las redes de corrupción que persisten en la vida pública nacional.
Criticó que actualmente los titulares de las dependencias, gobernadores y alcaldes designen a sus propios contralores, pues consideró que no puede existir una fiscalización efectiva cuando quienes deben vigilar dependen de los mismos funcionarios a los que tienen que supervisar.
