Ya son más de 200 mil las solicitudes recibidas por el INE para ser observadora u observador nacional en la elección del Poder Judicial. Los consejeros electorales coinciden que tal cantidad de peticiones es notable y atípica.
De acuerdo con el INE, 26 mil 306 de los solicitantes ya han quedado acreditados, pero 34 mil 773, esto es el 17.3 % han sido rechazados.
El hecho es que el organismo electoral ha detectado irregularidades “significativas”, lo que incluye el intento de registro de militantes partidistas y servidores públicos vinculados a programas sociales, lo que está prohibido por la ley al tratarse de un proceso electoral que por su naturaleza debe ser estrictamente apartidista.
Acaso esa sea la explicación del atípico aumento de solicitudes de registro para la observación del proceso y del notable porcentaje de rechazados.
El INE decidió implementar un conjunto de medidas tecnológicas y de verificación biométrica para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso.
Además, decidió confrontar los datos biométricos de los solicitantes con los incluidos en el Registro Federal de Electores para evitar cualquier intento de infiltración de actores políticos.
A pesar de las críticas permanentes de personajes como el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, el organismo electoral asegura que dichas medidas serán determinantes para preservar la confianza pública en la elección judicial, ya de por sí afectada por la reciente aceptación del Poder Legislativo de que al menos veinte de los candidatos tendrían algún tipo de vínculo con el crimen organizado.
Ante tal reconocimiento, el consejo general del órgano electoral aprobó anular candidaturas si se confirma que tienen órdenes de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por alguna forma de violencia o deudas de pensión alimentaria.
Organizaciones civiles ya interpusieron demandas contra 11 de los aspirantes a cargos del Poder Judicial, por tener presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Habrá que dar al INE y a su compromiso con la imparcialidad y la transparencia, el beneficio de la duda.
