Moody’s Ratings bajó la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3 y cambió la perspectiva de negativa a estable, con lo que el país quedó a un escalón de perder el grado de inversión.
La agencia explicó que la decisión responde al “debilitamiento sostenido” de la fortaleza fiscal, el aumento de la deuda y las presiones derivadas del apoyo continuo a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Déficit se mantuvo elevado
Moody’s indicó que el déficit fiscal se mantuvo elevado en 2025, cercano a cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) una vez incorporado el apoyo a Pemex, apenas por debajo del 5.3 por ciento registrado en 2024. Como resultado, la deuda bruta del gobierno aumentó a 49.3 por ciento del PIB en 2025, desde 46 % en 2024 y 39.8 % en 2023.
La agencia prevé que los déficits del gobierno federal y del sistema de seguridad social permanezcan por encima de cuatro por ciento del PIB entre 2026 y 2027, debido a la rigidez del gasto.
Respecto a Pemex, Moody’s estimó que el gobierno otorgó apoyos por alrededor de 35 mil millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9 por ciento del PIB, y presupuestó otros 14 mil millones de dólares para 2026. Añadió que espera más respaldos en los próximos años ante la falta de una mejora material en las operaciones de la petrolera.
Hacienda defiende finanzas públicas
Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la agencia calificadora Moody’s redujo la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, pero el país conservó el grado de inversión y la perspectiva pasó de negativa a estable.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Hacienda señaló que la decisión de la calificadora implica que no se anticipan cambios adicionales en la nota crediticia del país durante los próximos 18 meses, debido a la “solidez del marco macroeconómico”, así como al tamaño y diversificación de la economía mexicana.
Además, destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana y sostuvo que ello refleja el compromiso del gobierno con una conducción “responsable” de la política económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
