La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir una discusión nacional sobre una posible regulación del acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales ha sido en general, bien recibida, sin embargo, ha colocado sobre la mesa un debate urgente: cómo proteger a los menores de los riesgos digitales sin limitar sus derechos ni profundizar las desigualdades existentes.
Como parte de este proceso, se anunció la realización de tres foros regionales que se llevarán a cabo el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero. Con el objetivo de construir una propuesta de iniciativa que será entregada al Congreso de la Unión para fortalecer la protección de las infancias en el entorno digital.
Causas estructurales
Para Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, especialista en ciberseguridad, la discusión es positiva, pero debe considerar las causas estructurales que hacen vulnerables a millones de menores en México.
En entrevista para Cuarto Poder, en CDMX, advirtió que estados como Chiapas enfrentan una realidad muy distinta a la de las grandes ciudades, por lo que una regulación uniforme podría terminar ampliando la exclusión digital.
El reto no es menor. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2024, elaborada por el Inegi, Chiapas es la entidad con menor acceso a internet en el país: únicamente el 50.7 % de los hogares cuenta con conexión, muy por debajo del promedio nacional de 73.6 %.
“Cuando todavía existen comunidades donde el principal desafío es el acceso mismo a internet y a oportunidades educativas, pensar únicamente en restringir redes sociales resulta insuficiente”, señaló.
Ruiz explicó que en muchas comunidades chiapanecas una familia comparte un solo teléfono celular, persisten diferencias lingüísticas importantes y la formación en competencias digitales es prácticamente inexistente.
“Una regulación que ignore estas condiciones corre el riesgo de ser poco efectiva porque no atiende las causas estructurales del problema”, afirmó.
Riesgos van más allá del ciberacoso
El especialista explicó que la falta de educación en seguridad digital incrementa considerablemente la exposición de niñas, niños y adolescentes a diversos delitos.
Entre los principales riesgos mencionó el ciberacoso, el grooming —cuando adultos generan confianza con menores para explotarlos sexualmente—, la sextorsión mediante imágenes obtenidas por engaño, el robo de identidad, los fraudes digitales, la desinformación, así como el reclutamiento por organizaciones criminales que utilizan las redes sociales para identificar perfiles vulnerables.
También alertó sobre la exposición involuntaria de información personal que puede facilitar delitos en entidades con altos niveles de marginación.
“La tecnología por sí sola no genera el problema. La vulnerabilidad aparece cuando no existen conocimientos suficientes para utilizarla de forma segura”, sostuvo.
Prohibir no elimina riesgos
Respecto al equilibrio entre proteger a los menores y garantizar derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información, consideró que las prohibiciones generales difícilmente resuelven el problema.
“Los menores suelen encontrar mecanismos para eludir las restricciones, mientras que los delincuentes migran rápidamente hacia nuevas plataformas”, explicó.
Desde su perspectiva, una estrategia realmente efectiva debe combinar educación obligatoria en ciudadanía y seguridad digital desde la educación básica, herramientas de control parental que sean opcionales e informadas, protocolos ágiles para denunciar contenidos ilegales y una mayor responsabilidad de las plataformas digitales para detectar cuentas falsas, explotación infantil y redes criminales.
Además, subrayó que las autoridades necesitan fortalecer sus capacidades técnicas para investigar ciberdelitos antes de ampliar el marco regulatorio.
“Con frecuencia primero se anuncia la regulación y después se piensa en la capacidad para hacerla cumplir. En ciberseguridad ocurre exactamente al revés: primero se fortalecen las instituciones y después se ajusta el marco regulatorio”, puntualizó.
Ruiz sostuvo que la protección de los menores no depende únicamente del gobierno.
Consideró indispensable que las autoridades impulsen programas permanentes de alfabetización digital, fortalezcan las policías cibernéticas, mejoren la investigación de delitos digitales e inviertan en infraestructura tecnológica segura.
Las escuelas, añadió, deberían incorporar contenidos obligatorios sobre privacidad, protección de datos personales, verificación de información, inteligencia artificial y prevención de fraudes digitales.
“Hoy, muchos estudiantes utilizan tecnología todos los días sin haber recibido formación formal sobre estos temas”, señaló.
Asimismo, destacó el papel de las familias, que deben mantener una comunicación constante con sus hijos sobre los riesgos en internet, fomentar la confianza para denunciar situaciones sospechosas y promover hábitos digitales saludables.
En paralelo, dijo, las plataformas tecnológicas deben asumir una responsabilidad mucho mayor mediante sistemas más eficaces para detectar cuentas que buscan contactar menores con fines ilícitos, responder con rapidez a los reportes y ofrecer configuraciones de privacidad seguras desde el primer uso.
Chiapas requiere políticas diferenciadas
Para el especialista, cualquier política pública sobre regulación digital debe reconocer las profundas diferencias sociales y económicas que existen entre las entidades.
Concluyó que la seguridad digital no puede construirse únicamente mediante nuevas leyes.
“También depende de la educación, la inclusión digital y la fortaleza institucional. Sin estos elementos, cualquier regulación tendrá un impacto limitado frente a amenazas que evolucionan constantemente”, concluyó.
