El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos entró el sábado en parálisis presupuestaria, debido a los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa la policía de inmigración (ICE pos sus siglas en inglés) tras dos tiroteos mortales en Minneapolis.
Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE, la agencia federal encargada de llevar a cabo la ofensiva antinmigración del presidente republicano Donald Trump.
En los próximos días, miles de funcionarios quedarán en paro técnico, mientras que otros miles, cuyas funciones se consideran esenciales, deberán seguir trabajando.
En ambos casos, su salario no será abonado hasta que el Congreso acuerde un presupuesto para el DHS, departamento del que depende ICE.
“Donald Trump y los republicanos han decidido que no tienen ningún interés en controlar al ICE”, aseguró el viernes el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró más temprano en Fox News que “razones políticas y partidistas” están detrás del bloqueo presupuestario.
A pesar de no llegar a un acuerdo de financiamiento en el Congreso, ICE podrá seguir operando durante el bloqueo debido a los fondos que aprobó el Congreso el año pasado.
“Cero impacto”
El senador demócrata John Fetterman subrayó que la parálisis federal tendrá “literalmente cero impacto” sobre la policía de inmigración.
Otras agencias del DHS serán las principales afectadas por el bloqueo, como Fema, encargada de la ayuda tras desastres naturales.
La Administración de Seguridad en el Transporte, que gestiona la seguridad aeroportuaria, advirtió en la red social X que un cierre prolongado podría resultar en tiempos de espera más largos y vuelos cancelados.
Para aprobar un nuevo presupuesto, los demócratas exigen particularmente patrullajes reducidos, una prohibición de que los agentes de ICE usen pasamontañas durante las operaciones y la obligación de obtener una orden judicial para entrar en propiedad privada.
